GIJÓN 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social de Asturias, residente en Gijón, ha sido detenido como dirigente de una red de inmigración ilegal. En la operación, dirigida desde la brigada de Extranjería de la comisaría de Gijón, se ha detenido a otros once colaboradores de la red, que utilizaba una empresa ilegal como tapadera para la introducción en Asturias de inmigrantes marroquíes.
Según informaron hoy desde la Delegación del Gobierno en Asturias, las pesquisas se iniciaron después de que se detectara, desde finales de 2004 y a lo largo de 2005, un notable aumento de las solicitudes de residencia temporal y permisos de trabajo para inmigrantes marroquíes supuestamente contratados para la colocación de techumbres de pizarra.
Tras comprobar que dos gijoneses aparecían como gestor y administrador único respectivamente de la empresa que realizaba las contrataciones, el caso pasó a manos de la Brigada de Extranjería de Gijón.
Cerrada la investigación, los agentes procedieron a la detención de R.P.C., funcionario de la Tesorería General de la Seguridad Social y presunto cabecilla de la trama, y de M.A.G., administrador de la falsa empresa de construcción. Al parecer, R.P.C. se valía de sus contactos con redes de inmigración ilegal de Marruecos para formalizar en la Oficina Única de Extranjería de Asturias las solicitudes de permisos trabajo.
En algunos casos, los inmigrantes aparecían como empleados subcontratados de otras empresas inexistentes, para lo que R.P.C. llegó a falsificar los datos, las declaraciones de renta y las firmas de sus familiares y de conocidos a los que presuntamente gratificaba con 1.500 euros por cooperar de ese modo en la operación.
Desde la Delegación de Gobierno en Asturias destacaron que los documentos cumplimentados por los funcionarios "iban revestidos de los formalismos legales de los últimos procesos de regulación de inmigrantes".
Junto al cabecilla de la red y su socio, la Policía ha procedido a la detención de otras nueve personas, que han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración ante el juzgado Número 3 de Gijón. Si bien no se descartan nuevas detenciones, la Policía considera desmantelado "un entramado ilegal convertido en negocio rentable con altos beneficios que no se han podido cuantificar aún".