OVIEDO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha dado este jueves luz verde a la Ley de Garantía de Derechos y prestaciones Vitales, un "compromiso del Gobierno desde el inicio de Legislatura y también incluido en el acuerdo de investidura firmado con IU".
Se trata, según la portavoz del Ejecutivo y consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, de un proyecto con el que se avanza en la lucha contra la desigualdad, consolida el apoyo económico a quien más lo necesita.
"Con esta aprobación recogemos el testigo del trabajo elaborado durante la pasada Legislatura y además es un texto que en principio cuenta con el apoyo y el trabajo mayoritario", ha indicado Álvarez en rueda de prensa, explicando que la Ley se llegó a presentar en la Junta General pero su tramitación no se concretó.
"Ahora se busca que esa tramitación en el Parlamento asturiano se reanude lo antes posible", ha indicado la portavoz del Ejecutivo asturianos.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar aspira a crear un sistema más eficiente, que evite las duplicidades e impulse la cooperación interadministrativa. En este sentido, con el fin de recortar los plazos de tramitación, se promoverá la gestión simplificada, el régimen de concesión directa de subvenciones y la administración electrónica.
El texto legal incluye medidas para acelerar el pago del salario social básico, así como exenciones para los ingresos provenientes del trabajo y de determinadas pensiones. También prevé la actualización de los programas personalizados de incorporación social y laboral ligados a esta renta mínima.
Además, plantea apoyos adicionales para familias con menores y jóvenes, miembros con discapacidad y dependencia. La norma propone, asimismo, medidas para garantizar la cobertura de las necesidades básicas de menores en acogimiento familiar, al tiempo que recoge las garantías jurídicas para abonar las compensaciones económicas a estos hogares de manera directa.
En el ámbito de la vivienda, aspira a asegurar el derecho de toda la sociedad a un hogar digno. Con esa finalidad, simplifica la concesión de ayudas, que pasarán a otorgarse de forma directa.
También garantiza unos mínimos comunes en todo el territorio en relación con las ayudas de emergencia social que gestionan las entidades locales y pone especial énfasis en la atención a la infancia, así como en los apoyos para el acceso y mantenimiento en la vivienda y contra la pobreza energética.
