El Gobierno asturiano aclara que la caducidad del expediente de Simancas es un trámite previo a su retirada

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha aclarado este jueves que la declaración de caducidad del expediente relativo al monumento de Simancas constituye un trámite administrativo previo y no implica en ningún caso una renuncia a su retirada durante la presente legislatura, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

En una nota de prensa, el Principado recuerda que el pasado octubre el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, explicó que el hallazgo de nueva documentación histórica obliga a iniciar un nuevo procedimiento que garantice la máxima seguridad jurídica. En ese sentido, subrayó que no se renuncia a ninguna de las actuaciones previstas y que se actuará conforme a la normativa vigente para asegurar una correcta tramitación.

La declaración de caducidad fue comunicada tanto a la Federación Asturiana Memoria y República (Famyr) como a la propiedad del monumento. Asimismo, la directora general de Memoria Democrática trasladó a Famyr que este acto administrativo no supone el cierre del caso, sino un paso necesario para poder continuar el proceso con todas las garantías legales.

El Ejecutivo autonómico ha avanzado que en los próximos días se pondrá en marcha un nuevo expediente con el objetivo de proceder a la retirada del monumento, al considerar que constituye un elemento de exaltación del golpe de Estado de 1936. El Principado recuerda además que la caducidad no afecta al fondo del asunto y que toda la información recabada hasta la fecha se conserva y podrá incorporarse al nuevo procedimiento.

El Gobierno de Asturias, y en particular la Dirección General de Memoria Democrática, reafirman su compromiso con el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y con la retirada de elementos contrarios a los valores constitucionales presentes en espacios públicos, reiterando que el objetivo de eliminar este monumento de las calles de Gijón sigue plenamente vigente.

El procedimiento se inició a raíz de una solicitud presentada por Famyr en julio de 2024, al amparo de la Ley de Memoria Democrática del Principado de Asturias, que obliga a retirar de los espacios públicos símbolos que exalten el golpe de Estado de 1936 y la dictadura franquista. La normativa establece un plazo máximo de tres meses para resolver este tipo de expedientes.