Dice que los 'populares' confunden, por desconocimiento o deliberadamente, el coste de la implantación con su impacto económico
OVIEDO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Asturias ha emitido este jueves una nota de prensa en la que ha salido al paso de las críticas recibidas por el PP tras conocerse el documento 'Estudio sobre el marco adecuado para la planificación y desarrollo de la normalización del uso de la lengua asturiana y el gallego-asturiano en el ámbito del Principado de Asturias'.
Desde el Ejecutivo asturiano, presidido por Adrián Barbón (PSOE), lamentan que el PP "haya intentado engañar a la ciudadanía al presentar un informe jurídico externo como el modelo de oficialidad defendido por el Principado".
De igual modo, desde el Principado critican la "confusión" de coste e impacto económica exhibida por por la presidenta del PP, Teresa Mallada, y por el diputado Álvaro Queipo. "No casa con la seriedad y la solvencia exigibles a la segunda fuerza política de Asturias", dicen desde el Ejecutivo.
"De forma deliberada o por desconocimiento, ambos utilizaron los dos conceptos como sinónimos, cuando el impacto económico incluye también la actividad y el empleo que generaría la implantación de la oficialidad", explican desde el Gobierno autonómico.
Añaden que contra lo asegurado en la comparecencia del PP, el informe no considera un único modelo, sino tres distintos, cada uno con su coste y con su repercusión económica. Detallan que el estudio precisa que la simulación que más se aproxima "a las previsiones del gobierno autónomo" requeriría un incremento del gasto público de 7,1 millones.
Tal y como hizo la consejera de Cultura Berta Piñán ya este jueves, desde el Gobierno asturiano niegan que el informe se haya ocultado y dicen que la contratación del estudio se realizó tal y como establece la normativa. "El Gobierno jamás tuvo voluntad de ocultar su existencia, contra lo que afirma el Partido Popular", afirman.
Añaden que el Ejecutivo tampoco escondió sus planteamientos acerca del modelo de oficialidad y que el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, se encargó de explicitar que el nuevo Estatuto, en el caso de aprobarse, no lo detallaría. Su redacción final quedaría condicionada al acuerdo posterior de los grupos parlamentarios sobre una ley de uso. Además, y en respuesta a una exigencia planteada por Foro Asturias, el jefe del gobierno aclaró que estaba dispuesto a aceptar que la aprobación de esa ley exigiera una mayoría reforzada de 3/5, la misma que se requiere para modificar el Estatuto.
"Por lo tanto, mal se podría imponer un modelo sujeto a esos condicionantes", han apostillado desde el Ejecutivo, que recuerdan también que el informe no es vinculante y que a lo largo de las negociaciones Barbón ya manifestó en la Junta General su rechazo a que el conocimiento del asturiano y del eonaviego fuese obligatorio para el acceso a la función pública o tuviese carácter vehicular en la enseñanza, criterios que "contrastan con el contenido del informe".
