El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, comparece en la Junta General. - PRINCIPADO
OVIEDO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Ciencia, Industria y Empleo ha presentado este viernes en la Junta General del Principado de Asturias el Proyecto de Ley de Participación Institucional, una norma con la que el Gobierno asturiano busca aportar "seguridad jurídica, transparencia y estabilidad" a una práctica de concertación social que la comunidad autónoma ha venido desarrollando desde 1988.
Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, el consejero ha subrayado que este proyecto de ley recoge la experiencia de casi cuatro décadas de diálogo social para "reconocer, ordenar y garantizar" una práctica de gobernanza de la que el Principado carecía hasta la fecha en forma de norma específica.
La iniciativa legislativa define las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas que participarán en la norma, especificando los ámbitos, derechos, responsabilidades y garantías de dicha representación en los órganos consultivos vinculados a las políticas laborales, sociales y económicas.
Además, regula la asignación económica vinculada al ejercicio de estas funciones institucionales, la cual ha quedado establecida de forma transparente en los presupuestos autonómicos. En este sentido, Sánchez ha explicado que la cuantía establecida, de más de 500.000 euros, viene a reconocer que la labor que realizan los agentes sociales y empresariales va "mucho más allá" de las cuotas que pagan sus afiliados o las empresas representadas. "Hacen una labor por toda la ciudadanía asturiana", ha defendido ante las críticas de Vox a esta cuestión.
Por último, el consejero ha invitado a todos los grupos parlamentarios a afrontar la tramitación del texto con una actitud abierta al debate para construir consensos que permitan dotar a Asturias de una norma "sólida, útil y duradera", en consonancia con el marco normativo de la mayoría de las comunidades autónomas.
VOX VE LA NORMA "ESPURIA"
Durante el turno de fijación de posiciones, la diputada de Vox Sara Álvarez Rouco ha sido la más crítica con este proyecto de ley, calificándolo como "espurio" porque "nace de un pacto ventajista para beneficiar a los sindicatos de clase" y "blindar así las partidas que reciben bajo el camuflaje de esa participación".
"Es una manera cubierta de garantizar que los sindicatos seguirán engordando sus arcas a costa del erario público, es decir, a costa del dinero de todos los asturianos. Y claro, como ustedes imaginarán, para Vox esto es inadmisible", ha razonado.
Por su parte, el diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares (Foro) ha cuestionado qué va a solucionar esta norma, y ha preguntado qué mejoras concretas va a incluir. "Cualquier regulación tiene que servir para resolver problemas, y no solo para dar cobertura legal a prácticas que ya existen", ha razonado. Después de defender el diálogo social como un "instrumento al servicio de Asturias" y de sus trabajadores, ha pedido que se delimite claramente qué actuaciones deben financiarse bajo el amparo de esta ley para garantizar que no haya duplicidades en la financiación de los agentes sociales.
Desde el PP, el diputado Andrés Ruiz ha asegurado que esta norma es "oportuna" aunque "tardía" porque ordena algo que ya existe, que es la relación de los dos sindicatos mayoritarios y de la patronal con el Gobierno del Principado de Asturias. También lo es, ha dicho, porque "evita la discrecionalidad del Gobierno".
En una CCAA en la que la tasa de actividad es la más baja del país y en la que el "maná de los fondos mineros" no logró transformar la economía asturiana, Ruiz considera que es necesario el diálogo entre sindicatos, patronal y Gobierno para "construir una Asturias mejor y poder también evitar el despilfarro y la discrecionalidad en el gasto del dinero público". Después de ironizar sobre el hecho de que la ley es "una copia" de la ley andaluza, el parlamentario 'popular' ha asegurado que el PP revisará el texto para "construir sobre las cuestiones que el Gobierno de Juanma Moreno se haya dejado en el tintero".
Finalmente la diputada del PSOE Ana Isabel Puerto ha destacado la trayectoria de diálogo social de Asturias como una de las "señas de identidad" de la región. "Desde 1988, cuando se firmaron los primeros acuerdos de concertación social y económica y a lo largo de cuatro décadas, nuestra comunidad ha mantenido una apuesta sostenida por el entendimiento entre los poderes públicos, agentes sociales y económicos", ha valorado.
La parlamentaria socialista ha recordado que en el actual acuerdo de concertación 2024-2027, firmado por el Gobierno, FADE, UGT y CCOO, se contempla una movilización presupuestaria superior a 2.689 millones de euros para afrontar ámbitos como el empleo, la industria, el desarrollo territorial, la cohesión social y la igualdad. Así las cosas, la diputada ha defendido esta norma al entender que la participación institucional "no puede depender exclusivamente de la voluntad de cada Gobierno ni quedar sometida a la incertidumbre de cada movimiento político".
