El Gobierno asturiano no ve posible a día de hoy adelantar indemnizaciones a los afectados de Cerredo

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos y Portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha dicho este jueves que no ve a día de hoy posible que el Principado adelante indemnización alguna a las víctimas y familiares del accidente producido hace algo más de un año en la mina de Cerredo, donde fallecieron cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos.

"No existe, en el primer análisis que hacemos, la posibilidad jurídica de un adelanto de indemnizaciones", ha señalado en unas declaraciones en Oviedo.

No obstante, Peláez ha animado a las familias a que ejerzan sus derechos, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito administrativo. "Respaldamos que soliciten las indemnizaciones que procedan ante la Administración del Principado de Asturias. Como digo, respetamos absolutamente a las víctimas y no faltaría más en el ejercicio de sus derechos", ha señalado.

Ahora bien, ha matizado que para que la Administración reconozca una indemnización, hay un procedimiento administrativo reglado por ley, donde se tiene que justificar una relación de causalidad directa entre el funcionamiento la Administración y el accidente. En ese caso procedería el reconocimiento de las indemnizaciones. "Por tanto, en el curso de ese procedimiento administrativo, que me consta que han iniciado o que van a iniciar, se resolverá esta cuestión", ha indicado.

La creación de un fondo como adelanto de esas indemnizaciones para las víctimas es una de las recomendaciones incluidas en el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión que investiga el accidente de Cerredo, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé.

Peláez ha vuelto a mostrar sus diferencias con el citado dictamen provisional y ha rechazado, en nombre de la parte socialista del gobierno asturiano, que se establezcan responsabilidades en la Administración.

Ha insistido en que no hay una relación de causalidad entre decisiones y estructura administrativa y la explosión de grisú que causó la muerte a cinco trabajadores. Ha resaltado que la responsabilidad es la empresa que estaba realizando una actividad ilegal de extracción de carbón que "ocultaba deliberadamente" ea actividad.