Vanessa Gutiérrez - WEB DE LA JGPA
OVIEDO 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Cultura, Política Lingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha dicho este lunes que el proyecto de ley de bibliotecas y fomento de la lectura está apoyada en una planificación económica que va a desplegar progresivamente las medidas previstas.
Así lo ha afirmado en una comisión parlamentaria sobre la norma que el Gobierno está impulsando. Ha dicho que las leyes deben ser valoradas por su impacto transformador más allá de sus aspectos formales, ya que "dentro de unos años, quizás nadie va a recordar el número de artículos que contienen, ni la denominación exacta de los órganos o instrumentos de planificación", pero sí "su impacto en la vida cotidiana de miles de personas".
El objetivo principal del proyecto, ha indicado, es "dotar a Asturias de un marco normativo integral para las bibliotecas y para las políticas públicas de fomento de la lectura", respondiendo a una realidad transformada por los cambios tecnológicos y las nuevas demandas ciudadanas.
La consejera ha destacado que la norma parte de "una concepción moderna de las bibliotecas entendidas como servicios culturales esenciales orientados a garantizar el acceso libre y universal al conocimiento, la información, la educación, la lectura y la cultura".
Ha añadido que el proyecto regula el sistema bibliotecario asturiano definiendo centros, servicios e instituciones, con el objetivo de "avanzar hacia una red bibliotecaria auténtica que permita compartir recursos, conocimientos y buenas prácticas", reconociendo la función central de las bibliotecas públicas junto a otras tipologías como las universitarias, especializadas o patrimoniales.
La ley incorpora instrumentos de planificación clave como el mapa de bibliotecas de Asturias, destinado a identificar necesidades; el directorio de bibliotecas, que proporcionará información actualizada sobre los centros existentes, y el Plan de Actuación Bibliotecaria de Fomento de la Lectura, concebido como instrumento para definir prioridades y objetivos. Asimismo, la norma ha incorporado "mecanismos estables de participación y gobernanza compartida" en la gestión de estas políticas públicas.
CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
A los portavoces de la oposición, sin embargo, no le han convencido las explicaciones de la Consejera. El diputado del PP José Luis Costillas ha mostrado sus dudas sobre todo en relación al aspecto económico.
Así, ha recordado que los antrepoyectos de ley o propuestas de disposición de carácter general que se tramiten no podrán comportar crecimiento del gasto público presupuestado, salvo que al mismo tiempo se propongan los recursos adicionales necesarios, por lo que ha advertido que "ustedes van a aumentar dos millones de euros el gasto y no han dispuesto los recursos".
El diputado popular ha añadido que existe un problema adicional derivado del Plan Económico Financiero remitido al Ministerio de Economía, donde "se constata que para el cumplimiento de las reglas fiscales vigentes conforme al Plan Fiscal y Estructural de medio plazo del Reino de España y ante el incremento del gasto estructural, el margen para la ejecución de nuevas actuaciones se verá reducido", concluyendo que "si ustedes quieren aplicar esta ley, tienen que poner en su presupuesto dos millones de euros".
El diputado de Vox Javier Jové ha dicho que se trata de una norma "totalmente innecesaria", argumentando que la red de bibliotecas públicas en Asturias "lleva funcionando desde el siglo XIX".
Jové ha criticado lo que ha denominado "diarrea legislativa" del Gobierno y ha insistido en que "toda ley implica restricciones, son corsés y no hace falta", subrayando que desde su formación política apuestan por "la desregulación" porque "España y Asturias necesitan menos leyes".
El representante de Vox ha argumentado que todas las medidas contempladas en la ley "se pueden hacer a través de vía presupuestaria o a través de decretos o distintos instrumentos normativos", citando como ejemplo que "el funcionamiento normal de las bibliotecas en Asturias en los últimos 40 años, desde que iba en vigor el decreto del 86" demuestra que la ley es innecesaria.
