Hacienda contrapone sus deducciones a la primera vivienda con el modelo fiscal del PP para "las grandes rentas"

   OVIEDO, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha informado este sábado en rueda de prensa sobre los compromisos del debate de orientación política relacionados con su departamento. Entre las principales novedades, ha destacado un paquete de medidas fiscales para evitar la especulación, que "resten rentabilidad a la vivienda como activo financiero para que puedan comprar vivienda quienes la necesitan".

   Para lograrlo, el Ejecutivo autonómico aplicará un tipo impositivo del 10% en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la compra de una segunda vivienda, una cifra que se elevará al 12% para la adquisición de la tercera y sucesivas fincas urbanas. En contraposición, ha diseñado deducciones y exenciones dirigidas al acceso a la primera vivienda habitual.

   El Principado contempla una deducción en el IRPF de 5.000 euros en el año de compra de la primera vivienda habitual y de 1.000 euros durante los años siguientes si existen gastos vinculados a la hipoteca. Asimismo, la compra de primera vivienda quedará exenta de tributación en el IRPF para los primeros 150.000 euros de su valor, medida que se replicará mediante un tipo 0 en Actos Jurídicos Documentados para las viviendas de nueva construcción. En el Impuesto de Donaciones, las entregas dinerarias de padres o abuelos para este mismo fin estarán exentas hasta los 150.000 euros.

   Durante la rueda de prensa, el consejero de Hacienda ha cargado contra las propuestas de reforma fiscal planteadas por el Partido Popular. Peláez ha asegurado que planteamientos como la deflactación del IRPF o la eliminación de tributos benefician en mayor medida a las rentas más altas. "El Partido Popular en Asturias es fiel a sus compromisos con las grandes rentas y los grandes patrimonios", ha afirmado Peláez, quien ha cuestionado "cuál es la factura" de las rebajas fiscales propuestas por los 'populares' y de qué servicios públicos o prestaciones del Estado Social prevén realizar recortes para compensar la pérdida de ingresos.

LA VIVIENDA, "PRIORIDAD ABSOLUTA"

   A preguntas de los periodistas, Peláez ha reafirmado el compromiso del Principado de utilizar "todas las herramientas legales" a su disposición para garantizar el derecho a una vivienda digna, según lo establecido en el artículo 47 de la Constitución Española. En este sentido, ha pedido "responsabilidad" a las administraciones locales para que faciliten el acceso a la vivienda y colaboren en la declaración de zonas tensionadas.

   El titular de Hacienda ha precisado que el Gobierno asturiano procederá a la declaración de zonas tensionadas en "aquellos sitios donde técnicamente la evolución de los precios recomiende aplicar las zonas tensionadas".

   Peláez ha destacado la política de vivienda como "una prioridad absoluta" y ha asegurado que desde el Principado se analizará jurídicamente y dentro de su marco competencial, la posibilidad de implementar medidas en materia de vivienda alineadas con los reales decretos que ayer decayeron en el Congreso de los Diputados.

   Entre las ya puestas en marcha por el Ejecutivo autonómico, ha destacado el incremento del presupuesto destinado a las ayudas al alquiler, que ha pasado de 15 a 30 millones de euros, la construcción de 700 viviendas públicas y la licitación de otras 800. A estas acciones se suman un paquete fiscal específico de apoyo al arrendamiento y a la compra de la primera vivienda habitual, el desarrollo del plan Alquilámoste, la consecución de un acuerdo con la patronal para la construcción de vivienda protegida y la tramitación de la Ley de Vivienda en la Junta General del Principado de Asturias.

OTRAS MEDIDAS

   Las modificaciones tributarias a las que se ha referido el consejero esta mañana, se enmarcan dentro de la ampliación de la denominada "vía fiscal asturiana". Según ha expuesto el titular de Hacienda, el Principado homogenizará y elevará los límites de renta para "adaptarlos a la realidad social", situando el umbral en los 36.750 euros para declaraciones individuales y en los 54.000 euros para conjuntas. Además, se ensanchará el abanico de beneficiarios hasta los 50.000 euros (individual) y 73.500 euros (conjunta), tramos en los que las deducciones se aplicarán de forma progresiva mediante un porcentaje. "El porcentaje concreto de las deducciones que podrán aplicarse va a estar sujeto a la negociación política en el marco de la elaboración del presupuesto", ha precisado.