GIJÓN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
La viuda y los hijos de Antonio Cueto, el otro socio de Hoyant que participó en la compraventa de una finca al ex arquitecto jefe municipal, Ovidio Blanco, aseguraron hoy que si vendieron de nuevo los terrenos a este último fue por el compromiso que había adquirido su marido y padre, respectivamente. Así lo reconocieron ante el juez, en contra de lo declarado por Blanco, que afirmó haberse sorprendido con la devolución.
Según el abogado que ejerce la acción popular por parte del Partido Popular, Pedro Muñiz, el hijo de Antonio Cueto llegó a decir que si su madre hubiera fallecido también, él nunca le hubiera devuelto la finca a Blanco, porque no le conocía de nada. Tampoco la viuda dijo conocer a Blanco.
Asimismo, aunque tanto Covadonga como Marcos Cueto testificaron que si se la vendieron a Blanco es porque consideraron que la finca era de él, el hijo indicó "muy expresamente" que se la devolvieron porque su madre les dijo que había que hacerlo para cumplir así con el compromiso adquirido por su padre.
La declaración de estos tres testigos arrojó algo de luz a la operación urbanística por la que la Fiscalía considera que Blanco pudo incurrir en tres posibles delitos: cohecho, tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
De acuerdo a los testimonios habidos hasta ahora, el de los herederos de Cueto y los del propio Blanco y su mujer, la empresa Hoyant compró la finca La Llosona en 1992, mismo año que le vende una parte -unos 2.500 metros cuadrados_a Blanco, quien la quería, según él, para que plantara flores su mujer.
Posteriormente, en 1998 Horacio Costales -principal socio de Hoyant_le pidió al ex arquitecto jefe municipal que le revendiera la finca para no verse perjudicado en el recurso que quería presentar contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para que los terrenos pasaran a ser urbanizables, dada la responsabilidad de Blanco en el Ayuntamiento.
UN ACUERDO
En ese momento es en el que, según los herederos de Cueto, se habría llegado al acuerdo de que la Llosina siempre sería de Blanco y cuando se terminara el recurso se la devolverían. En esta ocasión, Blanco vendió la finca a Costales y su mujer y a Cueto, aunque el recurso contra el PGOU fue presentado por Hoyant y sólo de la Llosona, según Muñiz.
Asimismo, tras la muerte de Cueto en abril de 1999, los herederos de éste mantuvieron el compromiso adquirido y el mismo día y en la misma notaría, en junio de 2004 -cuando el hijo menor de Cueto ya alcanzó la mayoría de edad--, hicieron el reparto de la herencia y la venta -'devolución'- a Blanco.
En esa fecha ya se conoce el cambio de calificación de las finca a urbanizable al estar publicada inicialmente la revisión del PGOU. En este caso, son Costales y su mujer y los herederos de Cueto quienes se la venden a Blanco y su esposa.
Posteriormente, el ex arquitecto jefe municipal y su mujer firmaron en octubre de 2005 una opción de compra con Reyal Urbis, una de las promotoras del Plan Parcial de Cabueñes. La venta, que estaba condicionada a que definitivamente el PGOU confirmara que la finca sería urbanizable, se materializó en abril de 2006, generando unas plusvalías de unos 600.000 euros.
Las declaraciones de los tres testigos de hoy, en las que el juez volvió a rechazar alguna de las preguntas formuladas por los abogados, se prolongaron durante algo más de una hora.
La primera en salir de los juzgados fue la viuda, María Luisa García, y unos minutos más tarde lo haría la hija. Ninguna de las dos quiso hacer declaraciones. El último en abandonar los juzgados fue Marcos Cueto, que se negó también a hacer comentarios.
EL ABOGADO DEL PP
Por otro lado, el abogado del PP señaló que el pasado viernes presentó un recurso ante el juez de Instrucción número 5 de Gijón, Juan Laborda, encargado del caso, al considerar que "no hay motivo ni causa aparente" para que Costales no pueda declarar en los juzgados.
En este sentido, El PP consultó con expertos el justificante médico presentado en los juzgados por la hija de Costales, por el que el juez suspendió la declaración prevista al sufrir el hombre una crisis de ansiedad. "No tiene nada que le impida venir", dijo Muñiz antes de añadir que de acuerdo al informe médico las constantes y la presión arterial eran "normales" y que es habitual que todo el mundo se ponga nervios si tiene que declarar.
También señaló que en el informe se dice que Costales, de unos 75 años y que sufrió un infarto hace unos años, no puede ser sometido a situaciones estresantes y que la declaración en los juzgados lo es. "Si hiciéramos caso, no podría venir nunca", alertó.
Respecto a su declaración, explicó que los forenses deben ahora examinar el justificante médico para ver si el hombre puede declarar en los juzgados, cuando mejore su estado de salud, o si se tiene que hacer en su casa. Muñiz confió en que en septiembre se pueda producir la declaración del principal socio de Hoyant.
Muñiz explicó que las partes personadas en el caso están a tiempo de pedir nuevos testigos o diligencias probatorias y anunció que no lo descartaba. Cuando el juez considere que la causa esté instruida dará traslado a las partes para que hagan su calificación. Esa sería la última oportunidad para hacerlo.
En cuanto al testimonio del encargado de la revisión del PGOU, Luis Felipe Teixidor, el abogado de Ovidio Blanco, Luis Tuero, explicó que se está a la espera de la carga de trabajo del juzgado de Madrid al que se envió el exhorto para que le citen a declarar en Madrid, ciudad de residencia del arquitecto.