IU emprenderá acciones políticas y legales para forzar a Moriyón a que opine sobre el Decreto de recortes del PP

Espina E Iglesias
EUROPA PRESS
Actualizado: miércoles, 11 enero 2012 15:35

GIJÓN/OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU-LV en el Ayuntamiento de Gijón, ha adelantado este miércoles que su Grupo Municipal se reserva las acciones políticas y legales pertinentes para que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (FAC), conteste en el Pleno de este viernes a la pregunta presentada por esta formación sobre la afectación al Consistorio y a los gijoneses del Decreto de recortes del PP.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa en el Ayuntamiento tras no ser admite esta pregunta al considerar que era de índole estríctamente jurídico. Espina, que ha estado acompañado del coordinador regional de IU y diputado autonómico, Jesús Iglesias, ha asegurado que la decisión obedece a una interpretación de la propia regidora ya que no se incumple el Reglamento. Espina ha vinculado esta postura al pacto presupuestario entre Foro y PP. Según él, la alcaldesa "se tiró al mar, antes que Pardo -Pilar Fernández Pardo (PP)-- la empujara".

Foro no quiere entrar en contradicción del PP, mientras que en otros sitios la busca incoherencia de la segunda representante institucional de Foro se revela contra su propio partido, aquí Pardo, o la manda parar o ella misma e tiró a la mar, con una torpeza manifiesta. Es por ello, que no descarta desde solicitar una moción de urgencia a ir a los tribunales para reclamar su derecho como edil de la oposición a ser contestado.

Por su parte, Iglesias ha destacado "la tremenda incoherencia" de que Moriyón se niegue a contestar cuando el presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, haya solicitado la celebración de un Pleno para explicar las consecuencias del Decreto de ajuste que, a su juicio, afecta "de forma grave y muy perjudicial" tanto a Asturias como al Ayuntamiento de Gijón.

Ha aludido a retrasos en las infraestructuras pendientes, Autovía del Cantábrico y AVE, pero también a la subida del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) y la congelación de los salarios y la paralización de las convocatorias de la Oferta de Empleo Público.