Archivo - La concejala de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón y el portavoz de la formación, Gaspar Llamazares en una foto de archivo. - IU - Archivo
OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
La concejala del Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo, Cristina Pontón, ha anunciado este viernes que presentará alegaciones a la modificación del reglamento del servicio de comedores escolares dependientes del Ayuntamiento para evitar que los menores puedan ser expulsados por impagos o incumplimientos de sus responsables y garantizar la prestación del servicio en las escuelas rurales donde se demande, con independencia del número de comensales.
Pontón ha explicado que el reglamento recibió este jueves la aprobación provisional en el Consejo Escolar Municipal con el voto en contra de su grupo. La edil ha cuestionado, además, la difusión del procedimiento de participación pública.
Según ha señalado, durante los 20 días del mes de abril en los que el documento estuvo a disposición de la ciudadanía solo se presentó una alegación. Para Pontón, esta circunstancia hace temer que la comunidad educativa y las familias afectadas no hayan tenido conocimiento del proceso.
La concejala ha anunciado que su grupo formulará varias alegaciones cuando se abra el plazo correspondiente y se ha puesto a disposición de los colegios y las asociaciones de madres y padres para recoger sus propuestas.
Entre las cuestiones que IU pretende modificar figuran las consecuencias para los menores de los impagos del servicio o de incumplimientos de los adultos responsables, como los retrasos en la recogida. "Ningún impago ni conducta irresponsable del padre, madre o persona cuidadora del menor puede recaer en una expulsión del comedor al menor", ha manifestado Pontón.
La edil ha sostenido que esta medida no es compatible con la protección y los derechos de la infancia ni con las funciones que el propio reglamento atribuye al comedor escolar, entre ellas facilitar la conciliación familiar, fomentar hábitos saludables y favorecer una alimentación equilibrada para las familias en riesgo de exclusión o necesidad social.
Asimismo, Pontón ha defendido que el cobro del servicio por parte de la empresa adjudicataria debe estar garantizado, pero que corresponde a la Administración articular esa garantía y utilizar otros mecanismos para abordar la situación con la familia afectada, sin que las consecuencias recaigan sobre el menor.
IU también presentará alegaciones para que el Ayuntamiento garantice que la adjudicataria preste el servicio en aquellas escuelas rurales donde se solicite, independientemente del número de usuarios.
