José Manuel Pérez será el presidente del Consejo de Transparencia

OVIEDO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) de PSOE, PP, Convocatoria por Asturies-IU y Grupo Mixto han alcanzado este viernes un acuerdo que permitirá la puesta en marcha del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias, así como proponer a José Manuel Pérez Fernández para su presidencia.

Según han informado los citados grupos, el acuerdo refleja el "compromiso compartido de avanzar en el fortalecimiento institucional y en la mejora de los mecanismos de control democrático, con el objetivo de garantizar la máxima nitidez en el funcionamiento de las administraciones públicas y en su rendición de cuentas ante la ciudadanía"

La ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés regula en su artículo 63 el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado de Asturias como ente público con personalidad jurídica propia, sometido a la ley y al Derecho Administrativo, que actuará con plena autonomía funcional y absoluta independencia en el cumplimiento de sus fines.

José Manuel Pérez Fernández es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, con premio extraordinario de Doctorado. Con más de un centenar de publicaciones, cuenta con una amplia experiencia investigadora.

En la actualidad y desde diciembre de 2024, es letrado de la Junta General del Principado, cargo al que llega tras haber sido letrado del Tribunal Constitucional (2016-2024).

ANTECEDENTES

Pérez no es el primer candidato para el cargo. Fue en el mes de abril de 2021 cuando en una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, el hombre que contaba en principio con todos los apoyos para ocupar el cargo, José Manuel Fernández, calificó de "ocurrencia" que la sede del nuevo órgano se ubicase en Avilés.

Alegó que él no podía irse a esa ciudad por un problema de conciliación. Desde entonces, no ha habido nuevos candidatos y la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, aprobada en 2018, seguía sin poder desarrollarse.