Dulce Gallego ya anunció su intención de usar su derecho a una última palabra
GIJÓN, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 2 de Gijón celebrará este próximo lunes la última sesión del juicio contra la ex presidenta y el ex gerente de la EMA, Dulce Gallego y Luis Alemany, respectivamente, para los que la Fiscalía pide dos años de cárcel para cada uno, tres años en el caso de la acusación particular, por las supuestas irregularidades de un contrato marco de la EMA. Junto a ellos se juzga a un empresario de una de las empresas beneficiadas, Suymcoplas, y a los dos apoderados de la otra adjudicataria del contrato, Aldesa.
En la vista oral del pasado lunes el abogado José Carlos Álvarez, que representa a Gallego, modificó su calificación fiscal en el sentido de pedir la condena en costas procesales a la acusación particular, al entender que hubo "mala fe o temeridad".
En esta última sesión, será el turno de los alegatos de la Fiscalía, la acusación particular, ejercida por la EMA, y de los abogados de la defensa, la de los cinco acusados y la de la empresa Aldesa, que responde en esta causa subsidiariamente. También será el turno del derecho a una última palabra por parte de los acusados. El abogado de Gallego ya anunció en la pasada vista oral que su cliente haría uso de este.
Por el juicio han pasado ex responsables y técnicos de la EMA, así como peritos. En este último caso, el perito judicial no supo explicar las discrepancias entre los datos que aparecían en su informe referidos a sobrecostes y a la facturación real. "Hay una discrepancia que no tiene sentido" llegó a decir.
En algunas de estas facturas figuraba en su informe, por ejemplo, que se habían realizado 60 horas de oficial, cuando no se había hecho ninguna, y otras tantas de peón, cuando habían sido muchas menos. Incluso en su informe figuraban sobrecostes de facturas por importe superior al de la propia factura en sí, algo que tampoco supo explicar.
Antes de eso, el perito judicial ha apuntado que había detectado sobrecostes en las facturas y duplicidad en algunas de ellas, además de opinar que la limpieza de sumideros era una obra prevesible o recurrente, por lo que no encajaba en el contrato marco en cuestión, aunque sí apareciera en el preciario -lista de precios en función de los trabajos a realizar--.
Por contra, los peritos presentados por las defensas coincidieron todos en que no habían detectado sobrecostes ni duplicidad en las facturas, e insistieron en que estas coincidían con los partes de trabajo de la empresa.
POSIBLES IRREGULARIDADES
De acuerdo al relato fiscal, entre el año 2009 y el año 2012, la EMA contrató de forma directa, obviando el procedimiento específico de Publicidad, pliego de prescripciones o condiciones económico-administrativas y técnicas que rige La ley de Contratos del Sector Publico, por la que se regula la EMA.
En el periodo señalado, la contratación se llevó a cabo pese a que el gerente de la EMA, y la presidenta, la acusada, conocían que se vulneraba el procedimiento legal, siendo beneficiario de las adjudicaciones la empresa Suymcoplas. Según la Fiscalía, dentro del precio del contrato, Suymcoplas facturó por encima del precio del contrato de 2010 a 2012 por una suma total de 2.514.980,33 euros, siendo el total de sobrecostes de 3.105.632,50 euros.
Por otro lado, los ex responsables de la EMA procesados contrataron de igual forma, conforme al contrato marco del 18 de febrero de 2009, la realización de obras con la empresa Aldesa, cuyos delegados están acusados también. Ambos se encargaban de la gestión de la empresa.
En este sentido y durante el periodo citado, la empresa Aldesa aumentó los precios de las facturas, que aceptaron los acusados responsables de la empresa, con el consiguiente perjuicio para la empresa pública, ascendiendo los sobrecostes a 327.623,57 euros.
