La Junta aprueba la Ley de Medidas Administrativas Urgentes

OVIEDO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha aprobado este miércoles la Ley del Principado de Asturias de Medidas Administrativas Urgentes. No han contado con el respaldo suficiente las enmiendas de Podemos, PP y Foro Asturias ni el voto particular de Izquierda Unida.

El vicepresidente y Consejero de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, Juan Cofiño, ha defendido esta norma como la primera acción "de carácter urgente de muchas" con las que el Ejecutivo pretende suprimir trabas administrativas.

Así, Cofiño ha argumentado que esta ley se enmarca en la apuesta del gobierno del Principado de "sin renunciar a cumplimiento de exigencias legales que son imprescindibles e inevitables" eliminar las cargas "de todo tipo" que la administración impone a empresas y ciudadanos.

El consejero ha aprovechado para agradecer las aportaciones de la mayor parte de los grupos, que han trabajado el texto con "espíritu constructivo para hacer una norma mejor que el proyecto de ley".

Desde Vox, la diputada Sara Álvarez Rouco ha incidido en que "de nada sirven las reformas parciales", apostando por "una reforma integral" para lograr una administración pública "más eficiente, eficaz y adaptada a las nuevas tecnologías".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, ha remarcado que la pandemia mostró "las carencias" de la administración que han hecho imprescindibles medidas para mejorar su gestión. "Esta ley no debería servir únicamente para agilizar trámites de los fondos europeos", ha advertido, instando al Principado a realizar "un mayor esfuerzo" para hacer más eficaz la administración y una apuesta decidida por la "transformación digital".

Ovidio Zapico (IU) ha puesto el acento en que lo relativo a "la declaración responsable" abre las puertas "a una gestión privada". "Cámaras de Comercio y colegios profesionales, controlando, comprobando e inspeccionando proyectos que tienen dinero público", ha apuntillado, incidiendo en la necesidades de que sea la administración la encargada "no solo de revisar sino también de tramitar" esos fondos públicos.

Para el diputado de Podemos Ricardo Menéndez Salmón la norma llega "con un año de demora" y alerta de que se reducirá "el control público de la actividad económica, desregularizando actividades y con la disminución de la protección ambiental". Así, para la formación morada la ley destila "un indisimulado recelo hacia los procedimientos administrativos garantistas".

En el caso de Ciudadanos, el diputado Luis Fanjul ha remarcado la reducción de las cargas burocráticas, la eliminación de duplicidades y la simplificación de las tramitaciones públicas como los cambios necesarios para mejorar la gestión de la administración. "El objeto de toda administración es servir al interés general y su actuación se debe guiar bajo las necesidades colectivas más que por consideraciones burocráticas o estructurales", ha dicho.

El portavoz adjunto del PP, Pablo González, ha señalado las facilitades del parlamento para agilizar la tramitación de esta ley. "El PP está en esto y nos consta que no solo nosotros", ha comentado, resaltando que puede haber "lógicas discrepancias" en el contenido de la ley, aunque entiende que son "pocas" y hubo "aportaciones" de los grupos. Entre las planteadas por los 'populares', González ha apuntado un mayor control de la Cámara sobre la gestión del gobierno, especialmente en lo relativo a fondos públicos, como los Next Generation.

Desde el PP también defienden "facilitar más" determinados trámites medioambientales y urbanísticos para "eliminar trabas" para impulsar la actividad económica en la comunidad. Del mismo modo, abogan por generalizar el uso de la declaración responsable, salvo cuando el Gobierno diga que no es posible. "Eso es depositar la confianza en el ciudadano", ha defendido.

Finalmente, el socialista Ángel Ricardo Morales Fuentecilla ha afirmado que "se impone" buscar un mayor beneficio social, eliminar procedimientos redundantes, reducir aquellos con muchos costes directos e indirectos y escasa ganancia en eficiencia económica y control de la legalidad. "No es un salto al vacío ni una revolución. No vamos a cambiar el mundo, solamente se trata de un pequeño paso en la dirección correcta", ha añadido.