La Junta Electoral Provincial niega cualquier tipo de irregularidad en el voto emigrante

Actualizado: lunes, 7 mayo 2012 17:03

OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Fuentes de la Junta Electoral Provincial (JEP) consultadas por Europa Press han negado este lunes que existiera cualquier tipo de irregularidad en relación al voto de residentes en el exterior (CERA) en las últimas elecciones regionales del 25 de marzo. Así, han negado categóricamente que hubiese votantes que no hubiesen cumplido con el requisito legal de solicitar el voto, algo que se conoce como voto rogado.

La JEP se pronunciaba en ese sentido horas después de que el partido Foro Asturias afirmase que había detectado 334 votantes en el exterior que ni siquiera habían cumplido con el requisito del voto rogado. Foro se basa en el cruce de datos de un censo que recibió el pasado 6 de marzo con el listado de los que finalmente votaron, información recibida el día 17.

Para la JEP, la explicación a lo ocurrido es "sencilla" y se debe a que el primer censo que se entrega a los partidos políticos a comienzos de marzo "no es completo" y aún faltaban por llegar solicitudes para votar que, según sus cálculos, oscilaron en esta ocasión entre 750 y 800 sufragios.

"Esta circunstancia, que todavía no ha acabado el plazo cuando les entregan el primer censo, es algo que conocen todos los partidos políticos", han señalado las fuentes de la JEP. "Ni la el censo que tenía Foro a principios de marzo ni el que tenía cualquier otro partido coincide con el listado que votaron al final", añaden.

En relación a los 332 votos que llegaron a Asturias directamente, sin pasar por las oficinas consulares o diplomáticas, tal y como establece la ley, desde la JEP se afirma que "todos cumplieron con el requisito del voto rogado".

Estos 332 votos fueron objeto de un recurso de Foro que propició que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias declarase la nulidad del escrutinio de la mesa de electores del CERA, ordenando la repetición de esa votación. Actualmente esa sentencia está recurrida por PSOE e IU en el Tribunal Constitucional.