La Junta General rechaza la enmienda de totalidad de Vox a la ley de consumo del Principado, que sigue su tramitación

    OVIEDO, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este jueves la enmienda de totalidad de Vox al Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarios, que continuará su tramitación parlamentaria tras el rechazo en el Pleno de todos los grupos y la abstención del PP.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha defendido una norma que ha calificado de "necesaria" para actualizar un marco normativo con más de 20 años de antigüedad. Zapico ha rechazado la enmienda a la totalidad presentada por Vox, a quienes ha acusado de situarse en el "delirio ideológico" y de favorecer "al más fuerte" al oponerse a la regulación.

   Zapico ha subrayado que la nueva ley no responde a criterios ideológicos, sino a la necesidad de adaptar la protección de los ciudadanos a una realidad social y económica que ha cambiado "profundamente" con la irrupción del comercio electrónico, las plataformas digitales y los contratos a distancia. "Han pasado más de 20 años y hoy consumimos de formas que entonces eran impensables", ha señalado.

   Ha argumentado que la administración pública "no puede mirar hacia otro lado" ante las "asimetrías de información" y las "posiciones dominantes" de grandes empresas. En este sentido, ha explicado que el proyecto busca reforzar los mecanismos de inspección y sanción, aumentar la transparencia y garantizar el equilibrio en las relaciones de consumo, especialmente para los colectivos más vulnerables como mayores y jóvenes.

   "Ustedes hablan de libertad de mercado, pero olvidan que no hay mercado justo sin reglas", ha espetado el consejero a los diputados de Vox, añadiendo que "sin instituciones que velen por el interés general, lo que hay no es libertad, es abuso". Asimismo, ha negado que la ley suponga una persecución al tejido empresarial, afirmando que la norma favorece a las empresas que "hacen bien las cosas" frente a la competencia desleal.

VOX TACHA LA LEY DE "COMUNISTA"

   "Hoy debatimos una ley comunista, de derechos de los consumidores. Pero, ¿qué derechos tienen los comunistas? Digo los consumidores en un país comunista. ¿Qué derechos? Porque para empezar, para hablar de derechos del consumidor, eso presupone la existencia de bienes y productos que consumir y el comunismo lo que impide es precisamente el consumo y que haya bienes que consumir", ha comenzado diciendo el diputado de Vox Javier Jové, quien ha sido el encargado de solicitar la devolución de la ley al Consejo de Gobierno.

    Ha sostenido que el texto, lejos de proteger al ciudadano, constituye una herramienta de "ingeniería social" e "intervencionismo" que busca imponer la ideología de la izquierda y el uso de la llingua en el sector empresarial.

   Según argumenta Vox en su propuesta, este proyecto no figuraba inicialmente en el Plan de Iniciativas Legislativas de la legislatura, que solo contemplaba una reforma de la ley vigente de 2002. Para la formación, el nuevo texto encubre el objetivo de "inmiscuirse en la vida de los asturianos" y modificar sus hábitos privados bajo la "retórica propia de la Agenda 2030" y conceptos como el Pacto Verde Europeo o la economía circular.

    Vox denuncia que la norma pretende introducir contenidos de "consumo responsable" en todas las etapas educativas, lo que consideran un intento de "adoctrinamiento" que ataca la libertad de elección. Asimismo, advierten de que la ley generará una "importante carga económica y burocrática" para pymes y autónomos, citando datos de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) sobre la delicada situación de los pequeños propietarios en la región.

   El grupo parlamentario también alerta sobre la "inseguridad jurídica" que, a su juicio, crea el proyecto al entrar en conflicto con la normativa estatal y comunitaria. En este sentido, Vox tacha de "exceso competencial" la invasión de ámbitos reservados al derecho civil y a las Cortes Generales, señalando que la ley podría no resistir un análisis de constitucionalidad.

RECHAZO A LA "IMPOSICIÓN" DE LA LLINGUA

   Uno de los puntos más críticos de la enmienda se refiere a la cuestión lingüística. Vox califica de "delirante" que el Ejecutivo aproveche una normativa de consumo para "meter a calzador" lo que consideran un "delirio de la llingua", imponiendo obligaciones al tejido empresarial que podrían poner en riesgo su continuidad.

   Para el grupo parlamentario, el proyecto es "desproporcionado e ineficiente", ya que dispara los costes públicos y privados para crear estructuras políticas "injustificadas". "Estamos ante un proyecto donde la protección de los consumidores aparece una única vez en el título, pero brilla por su ausencia en el articulado", concluye la propuesta parlamentaria de Vox.

EL PSOE CRITICA EL "NEGACIONISMO" Y EL PP SE ABSTIENE

   Desde el Grupo Socialista, Mónica Ronderos ha afeado a Vox sus "alusiones negativas constantes" a la sostenibilidad y la economía circular, tildando su postura de "negacionista". Ronderos ha defendido que el camino es el trabajo conjunto en la ponencia parlamentaria para ofrecer "la mejor ley posible" a la ciudadanía.

   Por su parte, la diputada del PP Susana Fernández Arias ha justificado su abstención al rechazar tanto el "extremismo regulatorio" del Gobierno como la estrategia de "tierra quemada" de Vox. Aunque ha tildado la ley de "intervencionista" y carente de "respaldo económico real", ha apostado por no bloquear el debate y tratar de corregir el texto mediante las 11 enmiendas parciales que su grupo ya ha registrado.

APOYOS CRÍTICOS DESDE EL GRUPO MIXTO Y FORO

   La portavoz de Convocatoria por Asturies, Delia Campomanes, ha reivindicado el proyecto como una "herramienta civilizatoria" frente al "capitalismo atroz", destacando el avance que supone el "derecho a reparar". En una línea similar, Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha defendido la necesidad de multas "disuasorias" de hasta 1 millón de euros para evitar que los fraudes masivos resulten "rentables" a las empresas.

   El portavoz de Foro y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, también ha votado en contra de la devolución del texto pese a reconocer "excesos regulatorios" que pueden asfixiar a las pymes. Ha instado a corregir el proyecto en la ponencia para encontrar un equilibrio entre la protección del consumidor y la viabilidad del tejido empresarial asturiano.