La Justicia obliga al Ayuntamiento de Valdés a entregar información municipal a la portavoz del PP, María Bueno

   OVIEDO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo obliga al Ayuntamiento de Valdés a entregar toda la documentación solicitada por la concejala del Partido Popular María Bueno, tras negarle el acceso a los registros de entrada y salida de documentos del Consistorio alegando un supuesto conflicto con la Ley Orgánica de Protección de Datos.

   El fallo considera que se incurrió en una violación del derecho de participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución. El magistrado recuerda que los concejales no pueden ser considerados "terceros" a efectos de cesión de datos, dado que tienen el deber legal de reserva y confidencialidad. Por ello, subraya que dicho argumento no puede usarse como pretexto para negarles información relativa a la gestión municipal.

   La sentencia también rechaza la supuesta generalidad de la solicitud, indicando que la petición de la concejala era "clara y concreta", al especificar tanto el objeto como el período solicitado (del 1 de enero al 12 de febrero de 2025).

   La portavoz popular ha celebrado el fallo judicial como "una victoria de la Democracia", y ha acusado al alcalde de actuar con "soberbia, oscurantismo y abuso de poder". Según Bueno, "esta sentencia le recuerda que en Democracia no se impone, se rinden cuentas".

   La edil considera que el pronunciamiento judicial no solo le da la razón a ella, "sino a todos los valdesanos que quieren saber qué se hace con su Ayuntamiento y su dinero". En este sentido, ha instado al alcalde a apartarse si no está dispuesto a respetar la ley y a ejercer su cargo con responsabilidad.

   La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, cita jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, como la STC 20/2011 o la STC 25/11/1991, subrayando que impedir el acceso a la información vulnera el núcleo esencial de la función representativa y que "la actividad en la Corporación debe desarrollarse con el debido conocimiento de causa".

   Desde el grupo municipal popular exigen al alcalde que ponga fin a lo que califican como una actitud de "rodillo" y reclaman respeto institucional hacia la oposición, recordando que "la mayoría absoluta no legitima el ocultismo ni el desprecio a la transparencia".

   Bueno lamenta haber tenido que acudir a los tribunales "para que se reconozca algo tan básico como el derecho a ejercer mi labor de control y fiscalización". Añade que "nunca debería ser necesario judicializar la transparencia", y concluye asegurando que su grupo seguirá trabajando "con rigor, respeto y responsabilidad, tendiendo la mano al diálogo, pero sin renunciar a defender los derechos democráticos que nos amparan a todos".