El Reaf indica que estas diferencias se deben a la proliferación en algunas regiones de deducciones autonómicas específicas
OVIEDO/MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un contribuyente que resida en Madrid puede llegar a pagar este año por el IRPF 750 euros menos al año que otro contribuyente que en su misma situación económica y personal resida en Extremadura, Asturias o Aragón, según un análisis de la fiscalidad autonómica realizado por el Registro de Economistas de Asesores Fiscales (Reaf).
Concretamente, una familia en la que ambos cónyuges trabajen --el marido con una renta de 18.600 euros y la mujer, con 19.000 euros--, tengan un hijo de cuatro años y otro de tres meses y aporten por adquisición de vivienda 6.000 euros al año; en pago de guardería, 2.200 euros anuales y por libros de texto, 70 euros, pagarán en 2006 por IRPF 2.065,61 euros anuales, frente a la misma familia en Extremadura, Asturias o Aragón, que tendrá que pagar 2.815,61 euros.
El presidente del Reaf, Valentí Pich, indicó que estas diferencias se deben exclusivamente a las distintas deducciones autonómicas con las que cuentan las comunidades autónomas, especialmente relacionadas con hijos, jóvenes y vivienda, ya que ninguna de ellas ha introducido modificación alguna en la tarifa autonómica del IRPF, pese a que tienen cedida capacidad normativa sobre el 33% de la recaudación del impuesto que poseen.
Así, mientras Madrid o Valencia, las dos comunidades que menos tributan en el ejemplo citado anteriormente, tienen deducciones por hijos, adicionales a las estatales, o deducciones por guardería o vivienda habitual (en este caso sólo Valencia), en Extremadura o Asturias no existen deducciones por hijo ni por vivienda habitual para el caso de esta familia tipo.
Exactamente lo mismo sucede con el Impuesto sobre Patrimonio, cedido a las comunidades, en el que las diferencias entre regiones pueden superar los 265 euros anuales de pago por este impuesto dependiendo de donde esté el lugar de residencia del contribuyente.
Así, una familia en régimen de gananciales, con un patrimonio compuesto por una vivienda habitual valorada en 400.000 euros, un apartamento (210.000 euros), dos vehículos (39.500 euros) y cuentas corrientes (72.000 euros), que carezcan de algún tipo de deuda y en la que la esposa presente un grado de minusvalía del 55%, pagará por el Impuesto de Patrimonio 141,99 euros en Cantabria y 409,19 euros en el resto de comunidades autónomas, salvo Madrid, Extremadura y Andalucía, donde pagará 393, 325 y 204 euros, respectivamente.
Esto se debe a que Cantabria ha introducido cambios tanto en los mínimos exentos, que los ha elevado con carácter general y para discapacitados con minusvalía superior al 33%, como en la tarifa del impuesto, por lo que esta región es la que tiene una fiscalidad más favorable en el Impuesto de Patrimonio. Madrid, Extremadura y Andalucía, que también tienen una tributación menor, han establecido también unos mínimos exentos incrementados para discapacitados.
Esta disparidad en la fiscalidad autonómica también se observa en el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que prácticamente desaparece en familias con algún discapacitado en comunidades como Madrid --acaba de aprobar una bonificación del 99% entre padres, hijos y cónyuges--, Castilla y León, Cantabria o Valencia, que tienen bonificaciones muy altas y deducciones por discapacidad.
Frente a ello, en regiones como Canarias y Andalucía o Extremadura, la misma familia puede llegar a pagar más de 5.000 euros anuales por la transmisión de los mismos bienes.
SITUACIONES ABSURDAS.
A la vista de estos datos, Pich indicó que los cambios "continuos" y, en algunos casos, "bruscos" de las normas tributarias autonómicas están generando una "inseguridad jurídica" importante y están dando lugar al "absurdo" de que una donación entre familiares de primer grado, dependiendo de en qué comunidad se produzca, puede resultar totalmente gratis o muy cuantiosa.
Por ello, Pich indicó que, en el caso concreto del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, las "sorprendentes diferencias interterritoriales" en un país como España que no tiene una dimensión muy grande pueden poner "en tela de juicio" el modelo "tan dispar" entre comunidades que apenas distan en unos cuantos kilómetros. "Esto es de locos", reiteró.
En cuanto al Impuesto sobre Patrimonio, el Reaf es partidario de que las comunidades acometan una rebaja importante del mismo, habida cuenta de que se trata de un tributo que pagan fundamentalmente las rentas medias, por lo que lamenta que únicamente Cantabria haya introducido cambios en la tarifa, máxime cuando existe un cierto consenso acerca de que los tipos son demasiado "elevados".
Finalmente, sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), Pich señaló que la mayor parte de las comunidades autónomas han elevado este tributo, hasta el 7% en el caso del ITP y hasta el 1% en AJD, pese a que dichos impuestos están ligados a la adquisición de la vivienda, cuyos precios se han encarecido mucho en los últimos años.
