El fiscal pide centros de protección con medidas que eviten la fuga de los menores
OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Menores tramitó el año pasado 482 expedientes, de los que 173 implicaban a algún menor extranjero, lo que supone, un 35,8 por ciento de los asuntos de departamento. Además, de ellos, en 123 casos alguno de los denunciados era magrebí.
Los datos han sido presentados este miércoles por el titular de la Fiscalía de Menores, Jorge Fernández Caldevilla, quien ha precisado que los marroquíes en situación de desamparo continúa siendo "uno de los colectivos con más riesgo" de delinquir.
Así, ha reprochado la actitud de quienes "no quieren de ninguna manera integrarse en el sistema de vida en Asturias" pese a los intentos de los distintos organismos civiles y judiciales. A su juicio, se trata de una situación a la que los centros autonómicos de protección de menores "no han conseguido poner freno", con lo que varios de hechos reinciden en hurtos y robos hasta el punto de representar la mitad de los ingresos en el centro de Sograndio.
Caldevilla ha reconocido que "un centro de protección no puede convertirse en un centro de internamiento para menores delincuentes", si bien, "lo fundamental para trabajar con un menor desamparado es que esté a disposición de quien tiene su tutela".
De este modo, se ha mostrado partidario de encontrar una solución intermedia entre una y otra modalidad, de modo que determinados centros de protección cuenten con medidas de protección que eviten la fuga de los menores. Al respecto, ha precisado que el ingreso en los mismos, como ocurre en el caso de unidades psiquiátricas, debería estar autorizado por las administraciones autonómica y judicial.
En este punto, y pese a señalar que al igual que el año pasado el Principado presenta un índice de delincuencia en menores de 18 años bastante pequeño en relación a otras comunidades, ha reconocido que los ingresos de menores en Sograndio han experimentado un repunte en los últimos meses al pasar de 30 a 45 jóvenes, por la reiteración de delitos contra la propiedad en los barrios de Tenderina y Corredoria.
LEY AUTONÓMICA E INTERNAMIENTO CAUTELAR
En otro orden de cosas, el fiscal ha vuelto a mostrarse partidario de actualizar la ley autonómica de menores, que data de 1995, y que "se ha quedado obsoleta a la hora de desarrollar los procedimientos de acogimiento y adopción de medidas".
Así mismo, ha defendido la necesidad de acometer una reforma legal que permita, exclusivamente para los delitos de máxima gravedad previstos en el Código Penal, que cuando los cometa un menor de edad la duración del internamiento cautelar pueda llegar al año de duración y se contemple una cláusula equivalente a la de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permita la prórroga del internamiento cautelar en régimen cerrado hasta el límite de la mitad de la medida de internamiento impuesta en la sentencia por el Juez de Menores.
Las declaraciones de Caldevilla llegan después de que los menores implicados en los crímenes de Félix Aramburu y Vallobín, ambos cometidos en 2009, quedaran en libertad durante la tramitación del expediente por cumplirse el máximo de internamiento cautelar previsto.
Por último, en lo que respecta a los delitos de homicidio, el departamento de Menores solamente inició un expediente por un intento de homicidio por el apuñalamiento a un menor en una discoteca de Oviedo ocurrido el pasado mes de abril. Al joven se le condenó a cuatro años de internamiento en régimen cerrado como autor de un delito de lesiones graves.
