OVIEDO, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma por la Libertad Educativa ha manifestado este lunes que la existencia de la escuela concertada en España, a diferencia de lo argumentos esgrimidos en su contra, no es una cuestión ideológica o de simple capricho de las familias, sino que es la propia Constitución Española (artículo 27) y siete leyes educativas consecutivas, las que consagran su razón de ser, dentro del sistema dual de educación básica y gratuita para todos los españoles.
Los defensores de la educación concertada afirman que este sistema dual "simplemente diferencia la modalidad de gestión (público/privada) y la libertad de orientación pedagógica, moral y religiosa de los centros, y que, en ningún momento da prevalencia legal a ninguna de las dos opciones, toda vez que hablamos de enseñanza gratuita sostenida íntegramente con fondos públicos".
"En una reiterada confusión del fin con los medios, se cuestiona la existencia de la escuela concertada como si ésta no estuviese configurada como un servicio público, entendiendo por servicio público toda prestación universal a los ciudadanos financiada a cargo de los presupuestos de las Administraciones Públicas", señalan desde la Plataforma
Y añaden que ninguna ley española ni europea impide que un servicio a los ciudadanos, financiado con los impuestos que éstos pagan, pueda ser prestado desde la gestión privada del mismo. "Lo que debe regir y justificar la prestación de un servicio público no es su modalidad de gestión, sino la demanda social, eficacia y coste del mismo y he aquí donde la enseñanza concertada brilla especialmente: es ampliamente demandada por las familias, obtiene objetivamente mejores resultados académicos que la red de gestión pública (corroborado por el Informe Pisa) y, además, permite que cada alumno cueste a las arcas públicas la mitad de recursos".
Matizan que la enseñanza concertada es más barata, por un lado, por una gestión más eficiente de los recursos, pero, por otro, por la menor asignación de fondos que recibe por parte de la Administración, "déficit que tradicionalmente viene siendo soportado por las familias, en contra de lo previsto en todas las leyes educativas desde la implantación de los conciertos con la LODE de 1985 y que constituye una reiterada vulneración de la legalidad en materia educativa a la que la sociedad civil ha de dar respuesta", concluyen desde la Plataforma.
