El Pleno aprueba una Declaración Institucional a favor de un Estatuto de la Industria Electrointensiva

Gijón.- El Pleno aprueba una Declaración Institucional a favor de un Estatuto de
EUROPA PRESS
Publicado 27/03/2019 18:02:37CET

Aprobada una Declaración de apoyo a los afectados por los desahucios en La Camocha

GIJÓN, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Corporación gijonesa ha aprobado este miércoles en el Pleno Municipal, por unanimidad, una Declaración Institucional a favor de un Estatuto de la Industria Electrointensiva y por una transición energética "más justa".

En concreto, se pide solicitar que en el Estatuto de los Consumidores Electrointensivos que se está tramitando se incorpore, entre otras cosas, que se tenga en cuenta de forma diferenciada la figura de la industria 'hiperelectrointensiva', debido a la enorme repercusión que tienen los precios de la energía en su estructura de costes.

También se quiere que la partida presupuestaria destinada a la compensación de los costes indirectos de CO2 para los consumidores electrointensivos se dote del mayor importe permitido por la normativa europea.

Además, desean que se incorporen los otros mecanismos de reducción de precios propuestos basados en los modelos vigentes en países de nuestro entorno y validados por la Unión Europea, tal y como solicitan las industrias, las organizaciones sindicales, el Gobierno del Principados y diferentes partidos políticos.

Por otro lado, se pide que el nuevo Gobierno que salga de las elecciones generales del mes de abril inicie una reforma en profundidad del sector eléctrico, haciendo una revisión, entre otras materias, de la redistribución de los costes estructurales del sector eléctrico o la reforma del sistema de peajes vigente en la actualidad y que se repercute en las tarifas.

También se reclama al futuro Gobierno de España un modelo de transición energética gradual que permita asumir los cambios sin provocar traumas sociales y económicos en los territorios afectados y en el que se fije un esfuerzo equilibrado de descarbonización entre los sistemas de generación térmica, el transporte y la eficiencia energética, y que armonice el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de París contra el Cambio Climático y el necesario equilibrio entre sectores y territorios.

ARANCEL AMBIENTAL

Además, se solicita defender, en el seno de la Unión Europea, la aplicación de un "arancel ambiental" para equiparar los altos costes asumidos por nuestras industrias en cumplimiento de los acuerdos internacionales contra el cambio climático y los de otros países que, ignorando el cumplimiento de dichos acuerdos, eluden adoptar medidas medioambientales con el fin de vender sus productos a precios más bajos en nuestros mercados.

En la propia Declaración, asimismo, se alude a la importancia de la gran industria para Gijón y Asturias como motor de su economía y de su empleo, y se hace mención al caso concreto de las plantas de Alcoa en Avilés y A Coruña, cuyo porvenir, según el texto, "se ve amenazado por el conjunto de decisiones adoptadas por esta empresa, así como el hecho de que sus opciones de futuro están inseparablemente ligadas a un marco tarifario competitivo y de precios homologable al de los principales países europeos".

En el caso de Xixón Sí Puede (XsP), pese a apoyar esta Declaración Institucional que busca, entre otras cosas, salvar el empleo en Alcoa y otras macroindustrias de Asturies, ha querido dar a conocer su propia opinión sobre las industrias electrointensivas, que en aras del consenso no han tenido cabida en el documento conjunto.

En este sentido, XsP exige del Gobierno de España que adopte un modelo de transición energética "justo y progresivo", en el que se fije un esfuerzo equilibrado de descarbonización entre los
sistemas de generación térmica, el transporte y la eficiencia energética, que armonice el cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo de París contra el Cambio Climático.

Todo ello para dar un impulso decidido a las renovables para cubrir la generación que dejarían de producir las centrales térmicas de carbón y dirigiendo los beneficios caídos del cielo del sector energético para asegurar que la transición no tiene impacto en el precio de la electricidad.

El modelo de transición energética tendría que asegurar, según XsP, que no se produce ningún cierre sin el desarrollo de alternativas económicas en las comarcas afectadas que genere más empleos nuevos de los que se puedan ver afectados.

También reclaman medidas contra las deslocalizaciones, como pueda ser a través de: un contrato de permanencia de diez años con aquellas empresas beneficiarias de cualquier tipo de ayudas procedentes de la Administración Pública; y un régimen sancionador que corrija de manera proporcionada y efectiva, todas aquellas infracciones realizadas con el fin de disuadir el cumplimiento de las condiciones de permanencia establecidas.

A esto han sumado la necesidad de habilitar de un fondo dentro de la SEPI para recuperar la participación pública en Alcoa con el objetivo impulsar y acompañar la entrada de nuevos inversores y de realizar las inversiones oportunas para asegurar el mantenimiento de la actividad industrial competitiva en sus plantas.

Por parte del PSOE, su portavoz, José María Pérez, ha señalado que el texto aprobado por unanimidad probablemente no satisfaga completamente a todos los grupos. Dicho esto, ha recalcado que este día era el último para presentar alegaciones al citado Estatuto los Consumidores Electrointensivos, que afecta a empresas como Alcoa, Asturiana de Zinc o Arcelor. Pérez ha opinaod que era importante reclamar precios competitivos y que llevan aparejados garantías de mantenimiento de empleos.

DESAHUCIOS EN LA CAMOCHA

Además de esta Declaración Institucional, se ha aprobado, por unanimidad, otra de apoyo a las familias de los afectados por los desahucios previstos en las viviendas propiedad de la antigua Mina La Camocha, 37 en un inicio.

En este punto, ha intervenido Herminio Torre, en representación de las familias afectadas. Torre ha llamado la atención sobre el "desdén y la falta de humanidad y ética" con la que la administración concursal trata a estas familias.

Ha incidido, en este caso, que la situación más preocupante es la de cinco viudas y un minero jubilado al que les niega el pago de la renta, lo que dificulta poder parar el desahucio. Torre ha explicado que esta semana se celebró el juicio en el caso del minero jubilado, a lo que ha mostrado su temor a que la sentencia vaya a ser negativa.

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