Podemos acusa a Sogepsa de externalizar sus servicios jurídicos a empresas con vínculos familiares

OVIEDO, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Podemos en la Junta General Héctor Piernavieja ha asegurado este martes que Sogepsa externalizó sus servicios jurídicos entre los años 2009 y 2012 a varias empresas, dos de las cuales tendrían vínculos familiares directos con la sociedad. Y ello, según el parlamentario, teniendo un servicio jurídico propio con una plantilla de siete empleados.

Así lo ha explicado en una rueda de prensa en la que ha mostrado un nuevo documento recabado por Podemos Asturies en su llamada "auditoría ciudadana" sobre Sogepsa, en la que están colaborando de forma anónima ciudadanos afectados por la gestión de la entidad.

En este caso, según ha explicado el diputado, se trata de la filtración de un documento en el que se listan los despachos y procuradores contratados por Sogpesa durante estos años.

El diputado ha asegurado que de las empresas con las que se contrató hay dos casos paradigmáticos. G-B Procuradores percibió 42.111 euros en este periodo (2009-2012), y en esta firma trabajaba María Cristina García Bernardo, mujer de Miguel Álvarez Díaz, jefe de gestión de Sogepsa. También se contrató en estos años a Marta Suárez Valdivieso por más de 42.000 euros. Es esposa del directivo de Sogepsa Andrés López, con quien comparte una empresa.

Para Piernavieja, es "más que cuestionable que una sociedad en la que se ha invertido mucho dinero público esté externalizando sus servicios jurídicos pese a tener una plantilla más que suficiente, y además con empresas con relaciones muy estrechas con los propios directivos de la sociedad". El diputado espera que el Gobierno autonómico "aclare esta situación y justifique el trabajo jurídico que desarrollaron" los contratados.

Según los datos del parlamentario de Podemos, la Sociedad autonómica gastó durante los tres años mencionados 927.884 euros en la externalización del servicio jurídico, contando al mismo tiempo con un servicio jurídico propio, con siete trabajadores en plantilla que percibían entre 27.000 y 42.000 euros anuales. El responsable de este servicio es Rafael González del Santo, cuyo salario "es el segundo más alto de la entidad, con 77.804 euros", ha señalado el parlamentario.