El PP acusa a Barbón de "mentir" y de intentar "diluir" el accidente de Cerredo como un caso más de siniestralidad

    OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

   Los diputados del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General, Luis Venta y Rafael Alonso, han acusado este miércoles al presidente del Principado, Adrián Barbón, de mantener una estrategia de "negacionismo" y de "mentir desde el principio" para evitar asumir responsabilidades políticas por los accidentes mineros de Cerredo. Han acusado al Ejecutivo autonómico de estar "completamente deshumanizado" y de actuar con una "catadura moral nada aplausible".

   En una rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, Venta ha afirmado que el eslogan de "caiga quien caiga" se ha convertido en realidad en un "no cae nadie". Según el diputado 'popular', el Ejecutivo asturiano está aplicando una estrategia de "tira que libras" para "diluir" el accidente como un caso más de siniestralidad laboral y así "difuminar" las responsabilidades de la Administración.

   Venta ha dicho que, tras la gestión de lo ocurrido en Cerredo, "al Partido Socialista se le caen las vocales de sus siglas" y al presidente del Principado, Adrián Barbón, se le caen sus apellidos mineros".

   En cuanto a las ayudas para las familias de los mineros fallecidos, Venta ha recordado que la respuesta inicial del Gobierno fue un "no" a las indemnizaciones y ha exigido que el apoyo económico se materialice con "rapidez", acusando al Ejecutivo de legislar "en clave interna" para "salvarse". "La catadura moral de este gobierno no es nada aplausible", ha señalado Venta, quien ha tachado al Ejecutivo de estar "completamente deshumanizado".

   Por su parte, el diputado Rafael Alonso ha detallado las aportaciones de su grupo a la propuesta de dictamen, proponiendo diferenciar entre altos cargos y funcionarios para asegurar el "encaje constitucional" de las responsabilidades políticas.

   Entre los puntos clave, el PP propone analizar la figura "anómala" de los Proyectos de Investigación Complementaria (PIC) y las subrogaciones de derechos mineros entre empresas de un mismo entramado. Alonso ha destacado la necesidad de incluir la participación del antiguo IDEPA en las subvenciones y el contrato de servicios entre las dos mercantiles que incluye la Inspección General de Servicios en su informe.

   Alonso ha rechazado el intento del PSOE de "judicializar" todo lo relacionado con la comisión de investigación, recordando que el objetivo de este órgano es el control político y no penal.

   Sobre la posible inclusión del presidente Barbón en el listado de responsables del dictamen, Alonso ha precisado que el PP no considera que sea "el momento" de que figure. No obstante, ha advertido de que la responsabilidad política "también le puede perseguir cuando en el futuro tome o no otras decisiones políticas que en ese caso sí le corresponden".

   Al ser preguntado, Alonso ha indicado que el PP no valora la inclusión del alcalde de Degaña, Óscar Ancares (PSOE) en el dictamen. "El objeto de la comisión es el análisis de las acciones del Gobierno en este ámbito, no de otras administraciones", ha defendido el diputado, subrayando que señalar al regidor local "quedaría fuera del ámbito de actuación" de la comisión de investigación.