PP y Vox piden la dimisión de Barbón por "negligencia" y "fallos" de su Gobierno en torno al caso de Cerredo

   OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

   El Partido Popular y Vox han exigido este miércoles la dimisión del presidente del Principado, Adrián Barbón, al considerar que se constatan "fallos" y "actuación negligente" en la administración autonómica tras conocerse el contenido del informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente del pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo. El presidente ha rechazado esa interpretación y ha acusado a la oposición de "no querer conocer la verdad" ya que, a su juicio, "lo único que les obsesiona es que caiga el gobierno progresista".

   En la sesión de control en la Junta General, el portavoz del PP, Álvaro Queipo, ha preguntado al jefe del Ejecutivo si "podría haberse evitado el accidente si la Administración no hubiese actuado de forma negligente", a partir del citado informe. Queipo le ha acusado además de "bloquear" la comisión de investigación parlamentaria, de "huida hacia delante" y de intentar "tapar la verdad", y ha sostenido que existen "responsabilidades políticas evidentes" que deben asumirse.

   Queipo ha acusado al presidente socialista de haber "premiado" a responsables políticos vinculados a la gestión del caso, refiriéndose a Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz. "Debe cesar y pedir el cese de estas personas de forma inminente; ya tendrían que haber cesado. Y creo que usted, si tiene un poco de altura política, debería plantearse su dimisión", ha destacado.

   El líder del PP de Asturias ha reprochado a Barbón un "comportamiento cobarde" por negarse a comparecer en un pleno monográfico en la Junta General y ha calificado de "mezquino" que, a su juicio, intente "repartir responsabilidades en cualquier lugar menos en usted".

   Asimismo, ha advertido de que el jefe del Ejecutivo podría estar buscando "un cabeza de turco" entre funcionarios o miembros del Gobierno para asumir las responsabilidades del accidente.

   Por último, el líder del PP asturiano ha remarcado que ni defienden ni van a defender a una empresa cuya actividad era ilegal y va a ser juzgada. "Es muy miserable insinuarlo, que pudo hacer lo que hizo precisamente por la negligencia del Gobierno que usted preside", ha reprochado a Barbón.

   Por su parte, la portavoz de Vox, Carolina López, ha preguntado al presidente si asume las responsabilidades derivadas del informe de la Inspección General de Servicios sobre el funcionamiento del Servicio de Minas, al considerar que el documento evidencia un "fallo político".

   López ha apuntado que el Ejecutivo conocía informes previos desde 2021 sin haber adoptado medidas; y ha denunciado "el fallo sistemático de su gobierno con el control de la actividad minera", el uso de figuras administrativas "sin regulación", el debilitamiento de los servicios de inspección y la existencia de advertencias previas no atendidas.

   La portavoz parlamentaria ha insistido en que el informe es "contundente" y sitúa al presidente del Principado como "máximo responsable político", además de acusarle de actuar con "pasividad" y de no haber reforzado los mecanismos de control tras alertas anteriores.

   López ha asegurado que el Gobierno ha convertido la Administración en una estructura "ineficaz" al servicio de intereses partidistas y ha reprochado a Barbón no haber actuado antes del accidente pese a disponer de información previa.

   En su réplica, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha rechazado las acusaciones de PP y Vox y ha defendido que su Ejecutivo asumió las conclusiones del informe de la Inspección General de Servicios, señalando que incluso ha ido "más allá" al activar sus 11 recomendaciones, crear un nuevo servicio y paralizar determinadas autorizaciones. Ha acusado a la oposición de "utilizar el dolor de las familias para hacer política" y de buscar únicamente "que caiga el Gobierno progresista" y de "no querer saber la verdad".

   Barbón ha insistido en que el informe no establece una relación de causalidad entre la reorganización administrativa que se llevó a cabo y el accidente, y ha defendido que las inspecciones previas fueron correctas, ya que no detectaron actividad extractiva ilegal en las visitas realizadas. Ha subrayado además que el documento no concluye en ninguna parte que sea ilegal la figura de Proyecto de Investigación Complementaria (PIC).

   El presidente ha defendido también la transparencia del Gobierno al encargar el informe a la Inspección General de Servicios y remitirlo a la Fiscalía y a la comisión parlamentaria de investigación, y ha rechazado que exista una "negligencia estructural" derivada de la fusión de servicios, recordando que modelos similares existen en otras comunidades autónomas.