PSOE propone convenios entre CCAA y municipios para garantizar los servicios sociales de proximidad

   OVIEDO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La diputada socialista por Asturias en el Congreso, María Luisa Carcedo, ha señalado este viernes que su formación está trabajando para proponer fórmulas de convenio entre comunidades autónomas y ayuntamientos que permitan garantizar los servicios sociales de proximidad ante la entrada en vigor el 31 de diciembre de 2015 de la  Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que considera esas actuaciones como competencias impropias de los municipios.

   Según ha explicado en rueda de prensa, se trata de buscar una fórmula de colaboración entre administraciones que permita el sostenimiento de las prestaciones sociales de proximidad a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad, mientras no se pueda modificar la norma.

   Al respecto, el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España y presidente del Observatorio Estatal de Dependencia, José Manuel Ramírez, ha advertido del riesgo que supondrá la entrada en vigor de esta ley para el Estado Social y la cohesión social.

   De este modo, aunque valora la posibilidad de alcanzar acuerdos entre administraciones ha advertido de lo difícil que es alcanzar la colaboración institucional para que los ayuntamientos asuman la delegación de los servicios aunque dispongan de financiación, no solo por diferencias partidistas sino también por los posibles reparos de interventores y secretarios municipales, a los que ha calificado de "hombres de negro" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

   Esta mañana se ha celebrado una reunión en este sentido en la sede de la FSA-PSOE y se prevé que continúen los encuentros para consensuar modelos de colaboración, al tiempo que los socialistas impulsan una proposición no de ley para reformar el texto pidiendo que se elimine la disposición transitoria de entrada en vigor de la norma y que modifique el artículo referido a las competencias impropias.

   Estas iniciativas se suman a los recursos de inconstitucionalidad presentados por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el PSOE a la ley del Gobierno de Mariano Rajoy.

   Según María Luisa Carcedo, el Gobierno del PP ha optado por centrar los ajustes en las políticas sociales lo que ha incrementado la situación de pobreza de la población, con especial incidencia en la infancia. Entre otros recortes, ha hecho hincapié en la pérdida de la atención sanitaria universal, la reducción de becas escolares, la reducción de financiación estatal para el Plan Concertado de Servicios Sociales y Dependencia o la citada reforma local.

   Además, la diputada socialista ha señalado que mientras la media nacional de recursos para servicios sociales ha pasado del 1,6% al 1,4% del PIB en esta legislatura, Asturias lo ha incrementado del 1,72% al 1,77% del PIB "a pesar de la crisis y de cumplir con los objetivos de déficit, lo que evidencia su apuesta decidida por las políticas sociales".

   Por su parte, José Manuel Ramírez ha alertado de que el 30% de españoles está en situación de pobreza y el 50% en situación de precariedad, en un escenario en el que el 10% de la población tiene el 55,6% de la riqueza y el 50% de la población el 10% de la riqueza.

   Para el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, las principales causas de esta situación son la desregularización del mercado laboral, una política fiscal débil y regresiva y el desmantelamiento de la protección social en un contexto de crisis de especial crudeza.

   José Manuel Ramírez señala como principal responsable de esta situación a la Administración General del Estado con una reducción acumulada de 4.970 millones de euros en servicios sociales en tres años que califica de "desleal" con las comunidades, al tiempo que reconoce el esfuerzo del Principado para asumir el mantenimiento de los servicios sociales con recursos propios.

   Por su parte, la consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado, Graciela Blanco, ha destacado que Asturias asumió el recorte del 70% en la financiación estatal para el Plan Concertado de Servicios Sociales, añadiendo que la comunidad aporta seis veces más que el Gobierno central a Dependencia, con 150 millones frente a los 23 del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a que la ley fija un reparto del 50% entre ambas administraciones.

   Con todo, Blanco ha hecho balance de la gestión de su departamento en esta legislatura para resaltar que se han reducido las listas de espera de Dependencia en más de un 400%, con 15.185 beneficiarios en marzo; y que se han rebajado los tiempos de espera en Salario Social, con 1.339 perceptores en marzo y 1.773 personas en lista de espera frente a las más de 5.000 registradas en 2012.