El Servicio Asturiano de Consumo exige a los bancos que eliminen la cláusula suelo de las hipotecas

Actualizado: domingo, 21 julio 2013 13:02

OVIEDO, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Asturiano de Consumo ha requerido a las entidades bancarias que eliminen de las hipotecas la cláusula suelo que impide al consumidor beneficiarse de las bajadas de los tipos de interés de referencia. Este organismo, dependiente de la Dirección General de Salud Pública del Principado, recuerda que estas condiciones han sido consideradas abusivas por el Tribunal Supremo.

Del mismo modo, Consumo anima a las personas que hayan firmado una hipoteca con cláusula suelo "a que soliciten a su entidad bancaria la eliminación de estas condiciones". "Debido a la prolongada vigencia temporal de los préstamos hipotecarios, en muchos casos de más de 25 años, este tipo de cláusulas tienen una repercusión económica muy importante para el consumidor, que no puede beneficiarse de los hipotéticos descensos de los tipos de interés", señalan desde el Gobierno asturiano en nota de prensa.

Las entidades bancarias han incluido en los contratos de préstamo hipotecario durante los últimos años la cláusula suelo que, al establecer el pago de un tipo mínimo de interés por el dinero prestado, impide al consumidor beneficiarse de las bajadas del tipo de referencia utilizado en la hipoteca, generalmente el Euribor, recuerda el Ejecutivo asturiano.

Al respecto, resalta que el Tribunal Supremo, en una sentencia de 9 de mayo de 2013, considera que estas cláusulas son "abusivas" por falta de transparencia. De este modo, los consumidores afectados por una cláusula suelo abusiva deben dirigirse en primer lugar a su entidad bancaria, para solicitar su eliminación al concurrir alguno de los criterios establecidos por el Tribunal Supremo.

Si en el plazo de dos meses el banco no accede a su solicitud o no le responde, los afectados pueden presentar una denuncia ante el Servicio de Consumo del Principado de Asturias, ya que la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos constituye una infracción administrativa sancionable en materia de consumo.