Encarga una auditoría externa y estudiará personarse en el supuesto de que se haya visto "lesionado" el patrimonio del sindicato
OVIEDO, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El actual secretario general del SOMA-Fitag-UGT, José Luis Alperi, ha afirmado este lunes en sede parlamentaria que el sindicato no tiene constancia de los 243.462,46 euros que Hunosa pagó en cheques nominativos al exsecretario general del SOMA José Ángel Fernández Villa por dietas de asistencia de representantes del sindicato a las reuniones del Comité Intercentros entre 1989 y 2001.
"No constan en el sindicato esos ingresos, como tampoco existe soporte documental del acuerdo con Hunosa que fijase esa retribución", dijo durante su comparecencia ante la comisión de investigación sobre la gestión en Asturias de los Fondos Mineros y la supuesta fortuna oculta de Villa, en relación con la información aportada el pasado viernes por la actual presidenta de Hunosa y de su Comité de Administración desde 2012, María Teresa Mallada.
No obstante, Alperi cree que estas cantidades no forman parte de la supuesta fortuna oculta del ex líder sindical y exparlamentario socialista porque se trata de una empresa pública sujeta a controles. En cuanto lo que afecta a la gestión interna del sindicato, Alperi explicó que están realizando auditorías y el SOMA estudiará personarse en el supuesto de que se haya visto lesionado "el patrimonio del sindicato".
"Somos los primeros interesados en esclarecer el origen de esos 1,4 millones de euros y confirmar que no salieran del sindicato", apuntilló Alperi concretando que, además de una auditoría interna, se ha encargado una auditoría externa que, por el momento, no ha advertido de "ningún indicio" que haga pensar que esa cantidad "considerable" saliera del SOMA.
La primera sesión de esta mañana ha sido interrumpida en varias ocasiones por el portavoz socialista Fernando Lastra, a quien llamó al orden la diputada Esther Landa (Foro), en calidad de presidenta durante el turno de preguntas del parlamentario de UPyD Ignacio Prendes. Una de esas intervenciones se produjo cuando Prendes puso en duda que la ley de protección de datos ampare al SOMA para no facilitar información sobre retribuciones del sindicato a Villa durante la etapa en que el ex sindicalista era cargo público, como diputado autonómico y senador por Asturias.
Lastra remarcó que, en cuanto a la protección de datos, los servicios jurídicos de la Junta hicieron la misma apreciación que el SOMA. Asimismo, en el turno de preguntas del PSOE, Alperi defendió que las siglas del SOMA están basadas en la "honradez" y está actuando con "diligencia y rotundidad" para contribuir a aclarar "un comportamiento personal que nada tiene que ver con la ética ni los principios del sindicato".
José Luis Alperi, que destacó su sorpresa al conocer que Villa se acogió a la amnistía fiscal para regularizar 1,4 millones que habría ocultado a Hacienda, aseguró que cualquier miembro del sindicato percibe sólo pagos por su actividad derivada de la acción sindical, con unas cuantías fijadas en 0,19 euros por kilometraje y 7,5 euros por comida. "No me consta que haya tenido coche del sindicato ni chófer", añadió, matizando que "se vendió" el vehículo que había "a disposición del sindicato, no sólo de Villa".
El también presidente de la Fundación Instituto para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (Infide), declaró ante la comisión que no le consta que Villa "hiciese donaciones al sindicato". Alperi, que defendió la gestión y los resultados tanto de los Fondos Mineros como de los cursos de formación, aun reconociendo que "podrían haberse hecho más cosas", rechazó la "afirmación subjetiva" de que el Gobierno de España pudiera haber cambiado criterios en reales decretos por indicación de un sindicato.
Respecto a la expulsión de Villa del sindicato tras conocerse el caso, hizo hincapié en que "no hubo explicaciones ni negación de los hechos", por lo que la Comisión de Garantías de UGT determinó la expulsión del SOMA-Fitag-UGT de quien fuera secretario general del sindicato minero durante más de tres décadas. Además, instó a la comisión a emitir unas conclusiones "claras" por el bien de Asturias y actuar ante comparecencias que puedan "faltar a la verdad" o supongan "falsos testimonios".
