Archivo - Edificio de Gijón en el que fue hallado el cadáver de Susana Sierra González, en un contenedor de basura, en la calle Contracay. - EUROPA PRESS - Archivo
GIJÓN, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias con sede en Gijón acogerá, del 23 al 27 de este próximo mes de noviembre, el juicio, con jurado popular, contra el acusado del asesinato de la gijonesa Susana Sierra González, cuyo cuerpo fue encontrado, en 2025, en un contenedor de basura en la casa del procesado.
La Fiscalía solicita para el hombre una pena de 25 años de prisión, al que acusa de haber estrangulado e introducido en un contenedor de basura, que guardó en su habitación durante más de un mes, a la víctima.
De acuerdo al relato fiscal, el procesado (1965), a finales del mes de abril de 2025, entabló una relación de amistad con la víctima y su marido, al coincidir con ellos en el servicio de culto del Centro Remar, de Gijón.
En una hora no determinada del 6 de mayo de ese mismo año, el acusado acompañó al matrimonio al Hospital de Cabueñes, donde se hallaba ingresada, en estado terminal, la madre de Susana Sierra.
En un momento dado, estando en el centro sanitario, el acusado guardó, entre sus pertenencias, el teléfono móvil de la víctima y le dijo que, si necesitaba efectuar llamadas, utilizara el suyo.
Posteriormente, sobre las 04.20 horas del día 7, el matrimonio y el acusado se dirigieron, a bordo de un taxi, al domicilio del acusado, en la calle Contracay, en Gijón. Una vez allí, por motivo que se desconoce, el acusado propinó dos bofetones al marido de Susana Sierra, sin que conste haberle causado lesión.
Acto seguido, el hombre, que no formula denuncia contra el procesado por estos hechos, abandonó solo el domicilio, pero la víctima optó por quedarse.
En momento no determinado, pero, en todo caso, entre los días 7 y 20 de mayo de 2025, Susana Sierra, bien por sí misma o bien a instancias del acusado, ingirió, sin poder determinar la cantidad ni el origen, benzodiazepenas (diazepam/ nordiaazepam), antipsicóticos (aripiprazol, quetiapina) y antidepresivos (citalopram y mirtazapina), que le provocaron un estado de aturdimiento, aprovechando el acusado esta circunstancia para atar, con unos cordones de calzado, las manos de la mujer a su espalda, desnudarla de cintura para abajo y taparle el rostro con un pasamontañas.
A continuación, guiado por el ánimo de acabar con la vida de la mujer, y habiendo eliminado cualquier posibilidad eficiente de defensa por parte de la misma y como acto de dominación y sometimiento, la golpeó con sus manos y con objetos no determinados en la cabeza, en las cuatro extremidades y en la región suprapúbica, para finalmente estrangularla, provocando su fallecimiento.
El acusado, al golpear a la víctima pretendía, según la Fiscalía, "de manera consciente y deliberada", además de causarle la muerte, producirle un extraordinario y desmedido dolor, provocándole males innecesarios para conseguir este resultado.
El acusado introdujo el cadáver en un saco negro de plástico y lo colocó en el interior de un contenedor de basura de 120 litros de capacidad que tenía en su domicilio, rellenándolo con arena húmeda y precintándolo con papel film. El contenedor fue situado por el acusado a los pies de la cama de la única habitación del piso.
Posteriormente, el día 1 de junio de 2025, el acusado alquiló un trastero, también en Gijón, con el propósito de trasladar allí el contenedor con el cuerpo de Susana Sierra, sin llegar a conseguirlo, al ser hallado el cadáver el día 24 de junio de 2025 en el registro domiciliario autorizado al efecto.
En el momento de su muerte, Susana Sierra González tenía 49 años, mientras que su marido tenía 55 años. Tenía, además, un hijo de 27 años.
Asimismo, el acusado se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza por esta causa desde el 26 de junio de 2025.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato del artículo 139.1.1º y 3º y 139.2, en relación con el 140 bis. Concurre la circunstancia agravante de desprecio de género.
Por ello, solicita que se condene al acusado a 25 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como la medida de libertad vigilada durante 10 años, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal pide que el acusado indemnice al esposo de la víctima con 90.000 euros y a su hijo, con 50.000 euros, todo ello más los intereses legales, correspondientes, así como el abono de las costas procesales.
