OVIEDO, 7 May. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias, Dacio Alonso, aseguró hoy que unas 5.000 familias asturianas pueden estar siendo víctimas de un engaño cometido por sus entidades bancarias al contratarles un producto de permuta financiera, denominado 'swap', sin advertirles de los riesgos del mismo. Según los cálculos de la UCE, el número de afectados podría ascender a 50.000 personas en toda España.
En rueda de prensa, Dacio Alonso exigió a los bancos que comercializan los swap que "cancelen de forma inmediata los contratos y restituyan el dinero cobrado de forma abusiva a sus clientes". Asimismo, advirtió de que redactará una lista negra con las entidades que utilizan swap, clip y cláusulas suelo, que publicará en su página web para que se conozca la autoría de estas prácticas abusivas y los afectados puedan denunciar.
La alerta surgió a raíz de una denuncia interpuesta por dos ganaderos autónomos de Los Oscos y una Pyme que suscribieron tres de estos contratos con el Banco Herrero-Sabadell. Tras la denuncia, el Juzgado de Instrucción de Castropol declaró, en una sentencia dictada el pasado 9 de marzo, la nulidad de los contratos e instó a la entidad a devolverles una suma de 6.287 euros más los intereses, "por no advertirles de los riesgos de una posible bajada de los tipos de interés".
La sentencia, recurrida ante la Audiencia Provincial, concluye que los contratantes "se acogieron a la firma del swap porque la información ofrecida por el banco les indujo a error sobre las posibilidades de rentabilidad, debido a una información defectuosa".
Alonso criticó que los bancos, "actuando de mala fe y mediante un engaño deliberado" vendieron los swap a sus "mejores clientes" como un seguro, cuando en realidad se trata de un intercambio de capitales de origen anglosajón entre el banco y el cliente , que toma como base el Euríbor. Así, el cliente que tiene un préstamo a tipo de interés variable, firma un contrato adicional con su entidad con el que cubre el riesgo de subida de los tipos, pero también asume la posibilidad de que si baja el coste de financiación, no se beneficie del recorte.
Según datos de la UCE, estos productos empezaron a comercializarse en el año 2008 coincidiendo con la escalada del Euríbor, principalmente a empresas, pero también a particulares que buscaron la forma de convertir en fijo el tipo variable de unas hipotecas que no hacían más que subir. Hoy, los afectados no pueden cancelar el contrato porque su coste es, en general, "muy alto".
El presidente de la UCE hizo un llamamiento a las familias para que se asesoren y denuncien porque "es una práctica ilegal que no puede quedar impune".
