SANTANDER, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) llevará este martes, 2 de junio, al Senado los acuerdos adoptados por el Parlamento de Cantabria para garantizar la indemnización a los afectados por sentencias de derribo y que así éstos puedan servir como base para posibles modificaciones legislativas de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Según informó AMA en un comunicado, cabe la posibilidad de que en "las próximas semanas" se aborden modificaciones de este Ley abriendo así "una nueva puerta a la esperanza" para los afectados por las sentencias de derribo y para todos los ciudadanos que tengan cualquier propiedad "debidamente inscrita" aumentando la protección de la misma ante "ataques ilícitos".
La asociación cántabra indicó que tanto el Grupo Popular como en Socialista en el Senado han manifestado a las asociaciones de afectados "su predisposición a avanzar, dentro de la actual legislatura, en este terreno".
"Si, recientemente, a través de artículo 319.3. del Código Penal, hemos logrado que los particulares asuman sus responsabilidad antes del derribo de una vivienda, parece aun más necesaria que en caso de ser las propias administraciones públicas las que cometen este ilícito, sean las mismas las que asuman su responsabilidad antes del derribo de la citada vivienda por sus actuaciones", señaló AMA.
Para ello, las asociaciones de afectados remitirán a los grupos parlamentarios del Senado los acuerdos adoptados por el Parlamento de Cantabria para "paliar esta dura e injusta situación".
Entre esos acuerdos, AMA citó el alcanzado en la Proposición no de Ley de 30 de marzo de 2015 en cuyo quinto punto se acuerda insta al Gobierno regional a instar a su vez al Gobierno de España para que presente un Proyecto de Ley en las Cortes en el que se modifique la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para incluir una disposición que garantice la indemnización de los afectados.
"En cualquier caso los jueces y tribunales, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordenen motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, garantizarán, como condición previa a la demolición, el pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe", dice el quinto punto de esa proposición no de ley.
AMA indicó que hay modificaciones legislativas o proposiciones no de ley y recomendaciones con fines similares en los parlamentos de Galicia, Andalucía, Canarias, Extremadura o en las Cortes Valencianas, entre otras comunidades.
De esta forma, AMA, teniendo en cuenta a otras asociaciones de afectados como AUAN, SOHA, CALU y FAUN que están trabajando en la misma línea, presentará este martes sus iniciativas al Senado.
"Esperemos que ahora no haya problemas de tiempo y forma para que las mismas vean la luz, y que el amplio consenso que existe sobre esta materia dé lugar a aumentar la protección de las propiedades de todos los ciudadanos, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, la jurisprudencia del TEDH, y dando una interpretación adecuada al artículo 33 de nuestra Constitución, así como las propuestas aprobadas por diversos parlamentos autonómicos", concluyó la asociación.
