(Esta información amplía la anterior sobre el mismo tema porque, finalmente, y según informa FAPA, el documento también se ha entregado a PRC y PSOE)
SANTANDER, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Cantabria (FAPA) está trasladando a los grupos parlamentarios la necesidad de instar al Gobierno regional a "cambiar radicalmente de actitud" ante el "ataque competencial" de la LOMCE y que conlleva, según asegura el colectivo, una "vulneración" de los derechos de los ciudadanos.
Así lo expresa FAPA en un comunicado en el que informa de la reunión que ha mantenido este jueves con los portavoces de los Grupo Popular, Regionalista y Socialista para entregarle un documento en el que se pide la "equiparación" de Cantabria con el País Vasco a raíz del acuerdo alcanzado entre la Comisión Bilateral entre el Estado y el Gobierno vasco en relación con la citada norma.
A juicio de FAPA, con la firma de este acuerdo, el Ejecutivo central "reconoce" que la LOMCE "invade competencias que no le son propias" y, por tanto, podría ser declarada inconstitucional, lo que conllevaría su derogación. En este sentido, la asociación cree que el Estado "trata de evitar con este acuerdo una sentencia del Tribunal Constitucional en contra de la LOMCE". "Este acuerdo nos da la razón", apostillan.
Y añaden que el Estado, "consciente" de esa inconstitucionalidad que le "obliga" a llegar a acuerdos para evitar sentencias que lo confirmen, debería "derogar" la norma, extremo que no hace para "imponer un modelo educativo ideológico".
Sobre Cantabria, FAPA no entra en cuál sería el reparto competencial más "adecuado", ya que es algo que merece una "reflexión profunda". Lo que sí tiene claro la asociación es que el Gobierno regional "no ha realizado, que se conozca, actuación alguna en el mismo o similar sentido" que el País Vasco.
Por eso, los representantes de padres y madres están trasladando a los grupos parlamentarios de la región la necesidad de que la Cámara ponga en marcha las actuaciones necesarias para instar al Gobierno a cambiar su actitud e iniciar la defensa de los derechos de los ciudadanos ante el "ataque competencial" de la LOMCE.
