SANTANDER, 20 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria no juzga la decisión del Consorcio de Infraestructuras Deportivas de ocupar las piscinas de Colindres, Latas (Ribamontán al Mar) y Pesués (Val de San Vicente) sin la autorización de la empresa constructora, Ascan, como ha sucedido este martes.
Y el Gobierno no juzga esta decisión porque entiende que compete al Consorcio de Piscinas, que, según ha explicado a Europa Press el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Miguel Ángel Serna, ha dado este paso "de acuerdo con una resolución judicial que le autoriza" a hacerlo "para poder poner las piscinas en servicio para los vecinos".
Con todo y ante lo que ha calificado como una "falta de entendimiento" entre ambas partes, Serna ha vuelto a instar a la empresa y el Consorcio a llegar a los "acuerdos oportunos" para que las piscinas estén al servicio de los vecinos "en el espacio de tiempo más breve".
En este sentido, ha asegurado que el Gobierno cumplirá con el compromiso que tiene con los ayuntamientos, con el Consorcio, de abonar los siete millones de euros restantes del convenio --con los que el pago de la construcción se completaría "al 100%"-- de acuerdo con los plazos establecidos en el documento, que fija un periodo de pago que llega hasta 2019-2020, ha señalado Serna.
Al hilo, el consejero ha recordado que el Gobierno ha realizado ya una inversión de más de seis millones de euros a la que se suma el convenio para aportar otros siete millones, por lo que no es "lógico" que, con las piscinas terminadas, éstas no den servicio al público.
Por ello, el Ejecutivo ha instado "en repetidas ocasiones" al Consorcio y a los ayuntamientos que lo integran a ponerse de acuerdo con la empresa constructora y concesionaria para que las piscinas se puedan poner en funcionamiento y así los vecinos puedan disfrutar de sus servicios.
El conocido como Consorcio de Piscinas está integrado por los ayuntamientos de Colindres, Ribamontán al Mar, Val de San Vicente, Torrelavega, Marina de Cudeyo y Suances.
Ascán ya anunció en febrero que no podía entregar las piscinas de Colindres, Ribamontán al Mar y Val de San Vicente hasta que no resuelva su contrato con el Consorcio de Infraestructuras Deportivas de Cantabria porque debe "velar por los intereses de sus empleados y de su futuro empresarial" al argumentar que las instalaciones "aún no están pagadas" y que la "deuda" asciende a casi 7 millones de euros.