Los 'populares' rechazan "la deleznable forma de entender la política" de la portavoz socialista
SANTANDER, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del equipo de Gobierno municipal (PP), Antonio Gómez, ha lamentado este viernes que el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Santander, una vez más, "manipule trámites debidamente explicados" al Tribunal de Cuentas con el "único fin" de tratar de "sembrar dudas sobre la actuación del equipo de gobierno para engañar y confundir a los vecinos".
Gómez lamentó en un comunicado la "demagogia permanente" de la portavoz socialista a la que reiteró que "todos y cada uno de los expedientes que se adjudican en el Consistorio lo hacen bajo el cumplimiento riguroso de la ley vigente, con los informes técnicos favorables y con absoluta transparencia, algo que parece empeñada en no querer entender".
En este sentido, recordó que el Consistorio ya trasladó al Tribunal de Cuentas la respuesta detallada a cada una de las apreciaciones que éste había realizado y que, según dijo, se enmarcan dentro de la labor rutinaria que realiza el propio tribunal de requerir información a las administraciones públicas para su fiscalización.
"Desde el equipo de gobierno hemos expuesto al Tribunal de Cuentas las razones que determinaron la imposibilidad de finalizar algunos de estos proyectos en el plazo previsto inicialmente, los costes finales de los mismos o los criterios técnicos establecidos a la hora de valorar cuestiones relativas a otros contratos", recalcó.
Asimismo, aseguró que, con "total normalidad y transparencia, como es habitual", el Ayuntamiento de Santander ofreció al tribunal todas las motivaciones y detalles respecto a los contratos de los que requirió información adicional, algo que, aseveró, "seguiremos haciendo siempre que sea necesario".
Gómez explicó que las obras de rehabilitación del Palacio de Riva Herrera, del Centro de Acogida, de accesibilidad de la calle Alceda y de la recogida neumática, se produjeron "circunstancias sobrevenidas", que no se conocían a la hora de redactar el proyecto, y que obligaron a realizar trabajos añadidos a los previstos inicialmente, lo que ocasionó un incremento en el coste de la actuación y, en algunos casos, un aumento en el plazo de ejecución del mismo, un hecho que ya ha sido debidamente explicado.
En la misma línea, recalcó que "estas causas no podían preverse cuando fueron redactados los proyectos" de ejecución, sino que se hicieron patentes a lo largo del desarrollo de los mismos, por lo que, tras la "debida justificación" y con los informes técnicos y jurídicos favorables, se tramitaron las correspondientes modificaciones y añadió que, ninguno de estos contratos fue objeto de impugnación por los licitadores que participaron en los concursos.
En cuanto a los contratos de parques y jardines y de servicios postales, Gómez aclaró que el Ayuntamiento informó al Tribunal de Cuentas de cuáles han sido las bases jurídicas y los criterios que han seguido los técnicos en la tramitación y los informes a los que el tribunal hacía referencia.
DECLARACIONES "FALSAS E INSIDIOSAS"
El portavoz del equipo de gobierno municipal rechazó "la deleznable forma de entender la política" de la portavoz socialista, que "cada día va más allá en sus declaraciones falsas e insidiosas contra los miembros del equipo de gobierno".
En este sentido, le aseguró nuevamente que los 10,7 millones de euros solicitados por el Ayuntamiento de Santander al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas con cargo a la línea de crédito abierta por el Estado a las Administraciones Locales corresponden a la amortización de la inversión de la recogida neumática.
"En ningún caso se trata de facturas en el cajón sino de una modificación del contrato concesional del servicio de recogida de basuras que supuso un cuadro de pagos complementario al inicialmente establecido, una situación que fue debidamente trasladada al Tribunal de Cuentas", subrayó el portavoz.
Gómez incidió en que el Consistorio santanderino ya informó a los medios de comunicación de esta circunstancia cuando se adhirió al mecanismo extraordinario de pago a proveedores habilitado por el Gobierno de España, en 2012.
