Archivada la denuncia de una concejal del PSOE contra el alcalde de Castro

SANTANDER 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Castro Urdiales, Luis Acayro Sánchez, ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la denuncia presentada por la concejala del PSOE, Begoña Vega, contra el alcalde, Iván González, por un presunto delito de prevaricación administrativa, al haberla interrumpido en un Pleno municipal cuando ella todavía estaba hablando.

La concejal socialista denunció que cuando se encontraba haciendo uso de la palabra en el apartado de 'ruegos y preguntas', el alcalde acordó levantar la sesión, así como que la secretaria dejara de escribir y levantara acta, dando por finalizado el mismo.

Para el juez, de estos hechos no se desprenden indicios del delito denunciado. En este sentido, señala que la denuncia nos e refiere a una resolución concreta que pueda revestir los caracteres de "injusta y a sabiendas", sino "a un comportamiento del denunciado en la forma de dirigir el debate plenario", consistente en la "interrupción abrupta" en la parte final de l apartado citado.

Por lo tanto, concluye, este tipo de actuaciones, aún cuando "siempre" es deseable que se lleven a cabo dentro de "la cortesía institucional", entran dentro de las "facultades de dirección" de los debates plenarios del alcalde y "carecen de relevancia penal", sin perjuicio de las acciones que puede ejercer la denunciante en el ámbito contencioso-administrativo.

Por ello, para el juez, "no resulta debidamente justificada la perpetración del delito" que ha dado motivo a la causa, por lo que acuerda su sobreseimiento provisional y archivo.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reforma en el plazo de los tres días siguientes a su notificación y/o recurso de apelación, subsidiariamente con el de reforma o por separado, en este caso dentro de los cinco días siguientes.

Según explicó en su día Begoña Vega, cuando el alcalde levantó la sesión plenaria, ella se encontraba haciendo uso de su turno de palabra respondiendo a las alusiones que el concejal César Barco había realizado sobre la sentencia recaída tras la impugnación de la expulsión del Pleno de la concejal por parte del alcalde en febrero de 2013.

Según su versión, el alcalde no sólo ordenó levantar la sesión, sino que además "hostigó" a los medios de comunicación para que dejasen de grabar y a la secretaria para que dejase de escribir, lo que supone a su juicio una "vulneración directa" del derecho constitucional a la participación en asuntos públicos y una vulneración del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Esta edil también demandó a González tras ser expulsada del Pleno hace un año y la sentencia desestimó el recurso contra la expulsión.