La gestora de las cuentas de La Esprilla dice que fue el Santander fue el que traspasó fondos de esa comunidad a la de otra promoción del promotor
SANTANDER, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Teconsa, la constructora de los chalets de la urbanización La Esprilla, en Igollo (Camargo), ha afirmado que el precio de la promoción que se fijó en diciembre de 1999 era "estimativo" y "no era cerrado", porque en ese momento había un anteproyecto y no estaba listo el proyecto definitivo, que se visó en 2001.
"Lo dice el propio contrato", ha afirmado este martes el consejero delegado de Teconsa, José Luis Martínez Parra, que ha declarado como testigo en el juicio contra, entre otros, el promotor de la urbanización y presidente de la Junta Rectora de la Comunidad de Propietarios, MA.I de la R., acusado de apropiación indebida y falsedad en documento mercantil por, según la Fiscalía, pagar facturas falsas por valor de 571.000 euros por trabajos para ejecutar esta promoción que no se realizaron o no tenían ese coste y que cobraron su empresa o la de familiares, como su hermano, JL.I de la R, o su sobrino, JL.I.V., también acusados en la causa.
Martínez Parra ha insistido en que, según el contrato, que firmó Teconsa con la Comunidad de Propietarios La Esprilla --representada por, entre otros, MA.I. De la R.-- el precio "no es cerrado" pero ha aclarado que desconoce si el promotor acordó con cada comunero un precio cerrado por chalet.
Ha señalado que "no está en el día a día" de las obras y se limitó a firmar el contrato de ejecución de los chalets y no recuerda los detalles de la obra, como la fecha de comienzo o los motivos por los que se incrementó el precio de la obra, pero sí que "después de un proceso bastante complicado", con "manifestaciones por la calle" la Comunidad echó al acusado como presidente del Consejo Rector.
Tras ello, Teconsa llegó un acuerdo con el nuevo Consejo Rector para continuar la obra y pactó devolver el dinero que habían puesto aquellos propietarios que no aceptaban los incrementos de precio y ha asegurado que los que se quedaron sí lo aceptaron.
A preguntas de las partes, ha explicado que MA.I de la R. meses antes de la constitución de la Comunidad de Propietarios le habló del terrero y de la posibilidad de construir chalets tras lo que Proinsa, del mismo grupo que Teconsa, compró esa parcela en febrero de 1999 por un precio que, según la documentación aportada en la causa a la que se han referido los letrados, fue de unos 450 millones de pesetas y lo vendió cinco meses después a unos 812 a la Comunidad de Propietarios.
TRASPASOS DE FONDOS ENTRE COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
El consejero delegado de Teconsa ha explicado que, de la Junta Rectora de la Comunidad, "sólo conocía" a MA.I de la R. y únicamente trato con él. Ha explicado que conocía con anterioridad al acusado porque la constructora había ejecutado otras promociones suyas, como La Caloquera o La Velasca, y ha reconocido que "hubo un momento", aunque no recuerda con qué obra, que MA.I de la R. adeudó dinero a Teconsa y hubo ejecuciones judiciales para cobrarlo.
Sin embargo, a preguntas de las partes, ha asegurado desconocer si hubo trasferencias de las cuentas de la Comunidad de Propietarios La Esprilla a las de otras, como La Velasca, para abonar a Teconsa deudas de la segunda, y ha afirmado que el no tenía acceso a las cuentas de esas comunidades de propietarios y desconoce de dónde procedía el dinero que le pagaban éstas para saldar sus deudas.
Sobre estas transferencias de fondos, también ha sido preguntado Carlos Herreros, representante legal de Herreros & De la Fuente, la gestora que contrató MA.I, de la R. para que llevase la contabilidad, las cuestiones fiscales de La Esprilla e informase a los propietarios de los chalets. Sin embargo, ha aclarado que ni él ni ningún trabajador suyo tenía autorización ni firma para disponer de fondos.
Ha explicado que fue el trabajador de la gestora que tenía encomendada la contabilidad de La Esprilla quien le informó de los traspasos entre fondos de esa comunidad a la de La Velasca y le aseguró que "no sabía" por qué había ocurrido y presentó su dimisión.
Herreros ha asegurado que se "asustó muchísimo" con lo ocurrido y acudió a hablar con un responsable del Banco Santander, que le mostró un documento con un "garabato" que, según la entidad bancaria, era del trabajador de la gestora que se había despedido pero que, según Herreros, no tenía firma autorizada para realizar ese traslado de fondos ya que, para ello, se necesitaba firma mancomunada de hasta cuatro miembros de la Junta Rectora de la Comunidad, lo mismo que para pagar facturas, y mandó al banco que arreglara lo ocurrido, algo que la entidad hizo, retrotrayendo la cantidad y reconociendo su error.
El gestor ha añadido que, de forma "off the record", el banco le explicó que esa transferencia se realizó porque Teconsa había efectuado un cargo por "bastante" importe a la comunidad de propietarios La Velasca, pero ésta no tenía fondos suficientes , y para que la constructora no se quedase como impagada el Santander realizó esta transferencia. Ha asegurado que cuando informó al promotor de La Esprilla de esos traspasos "se sorprendió" y "cree" que quiso arreglarlo.
En el juicio, en el que hay siete acusados, aunque sólo cuatro por Fiscalía, ha declarado también Ramiro José Amorrortu, el arquitecto de la obra contratado por MA.I. de la R. para esa promoción, quien, al ser cuestionado por los incrementos de precio, ha explicado que Teconsa planteó una subida por vivienda de 2,5 millones de pesetas, que él no consideró que estaba justificada, "la misma" posición que tuvo, según ha dicho, el promotor acusado en este juicio.
Este incremento, que finalmente acabó siendo de 8 millones de pesetas por vivienda, fue distinto, según ha explicado, a otro que se produjo anteriormente en un total de 37 millones de pesetas que fue por el proyecto de urbanización, en el que, según ha señalado, las variaciones en el precio son más comunes.
Por otra parte, y en contraposición con lo afirmado por Teconsa sobre el estado del proyecto, el arquitecto de la obra ha explicado que cuando la constructora firmó el contrato sí debía haber un proyecto, "cuanto menos bastante elaborado" para que se pudiese empezar a elaborar el plan parcial.
En el juicio, ha declarado el propietario de una de las viviendas, que la adquirió por reventa en junio de 2000 cuando la promoción estaba ejecutándose y aseguró que la compró a través de una inmobiliaria a un particular con el que pactó un "precio cerrado". Sin embargo, ha asegurado que tuvo que acabar pagando más.
