Dos nuevas sentencias reconocen el derecho de los trabajadores de Cantur y MARE a cobrar la extra

Actualizado: martes, 24 junio 2014 13:18

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos nuevas sentencias, una del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) y otra del Juzgado de lo Social, han reconocido el derecho de los trabajadores de las empresas públicas Cantur y MARE, respectivamente, a cobrar la paga extraordinaria de 2012 que no les fue abonada.

En concreto, la sentencia de la Sala de lo Social del TSJC indica que la norma que suprimió esa paga extra entró en vigor cuando ya se había devengado, por lo que ese dinero formaba parte del patrimonio de los empleados y, a pesar de que estaba pendiente únicamente de ser abonado, no puede verse afectado.

De esta forma, el TSJC ratifica la sentencia previa dictada por el Juzgado de lo Social número 5 de Santander y rechaza el recurso de suplicación de MARE, a la que se obliga a abonar a todo el personal la parte proporcional de la paga extraordinaria de 2012 que no fue abonada.

El Sindicato Independiente de Empleados Públicos (SIEP) ha dado a conocer este martes este fallo, así como otro del Juzgado de lo Social número 3 que también apunta a la prohibición de retroactividad de las normas para reconocer el derecho de los trabajadores, en este caso de la empresa pública Cantur, a percibir esa retribución.

En un comunicado, SIEP ha pedido al Gobierno de Cantabria que ejecute estas sentencias y abone "a todos los empleados públicos y del sector público empresarial" la paga extra de 2012 "con sentencia o sin ella" para que no siga obligando al sindicato a acudir a los tribunales mientras el Ejecutivo trata de "dilatar en el tiempo el abono de estas retribuciones".

Unas retribuciones, ha dicho, "dejadas de percibir por los trabajadores ilegalmente" porque el no abono de las mismas supuso "meter la mano en el bolsillo a los empleados públicos al margen de la legalidad" como "se puede comprobar con las innumerables sentencias" en todo el Estado Español que reconocen el derecho de los empleados públicos a cobrarlas.

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