MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -
Las Comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) se están sumando a varios servicios digitales del Estado, que evitan trámites en papel y ahorran costes, un paso obligatorio para poder cobrar las transferencias de ese fondo del segundo trimestre y que forma parte de las condiciones aprobadas este año por la Comisión Delegada para las autonomías del FLA.
El director de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Domingo Javier Molina, ha explicado este viernes que estas plataformas digitales evitan un gasto duplicado en tecnologías y reducen costes de funcionamiento y se ponen a disposición de CCAA y de entidades locales.
Por un lado, se trata de la plataforma de intermediación de datos, que permite que el Estado y las autonomías intercambien documentos sólo por medios telemáticos, sin papel, evitando además a los ciudadanos que presenten documentos que ya poseen las administraciones.
Javier Molina ha puesto como ejemplo el de una persona que quiera solicitar plaza en una guardería pública. Si las administraciones están conectadas, el ciudadano no tendrá por ejemplo que justificar ni la renta, ni certificados de familia numerosa o discapacidad, que ya poseen las instituciones.
Otra plataforma abierta a las autonomías es el sistema de interconexión de registros, que permite a un ciudadano iniciar un trámite en una administración, aunque vaya dirigido a otra. Entre ellas se deberán transmitir los documentos por vía electrónica, suprimiendo el envío físico de papeles.
PODERES SIN ACUDIR AL NOTARIO
En tercer lugar, se abre a las CCAA el registro electrónico de apoderamiento, un sistema por el que un ciudadano puede nombrar un representante ante las administraciones públicas para que actúe en su nombre por un tiempo, de forma gratuita y sin necesidad de acudir a un notario.
También se deben adherir las comunidades al punto de acceso general, una única puerta de entrada por internet que permite conocer al ciudadano toda la información, notificaciones y expedientes de las administraciones.
Molina ha explicado que sólo la plataforma de intermediación de datos supuso un ahorro a los ciudadanos el año pasado estimado en 272 millones de euros, un 45 por ciento más que el año anterior al sumarse cada vez más usuarios y más servicios que ceden datos, evitando así papeleos.
