Gobierno dice que su objetivo es "despolitizar y adaptar" la atención de la violencia de género a las necesidades reales

SANTANDER, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia y Justicia, Leticia Díaz, ha señalado que el Gobierno de Cantabria está "despolitizando" la gestión y los servicios de los centros de atención a la violencia de género y "adaptándoles" a las "necesidades reales" de las mujeres. Ha garantizado que los centros permanecerán abiertos y ha anunciado la próxima puesta en marcha de un nuevo piso tutelado.

Díaz ha arremetido en rueda de prensa contra la "campaña orquestada" por PRC y PSOE para crear "incertidumbre" entre las mujeres que hacen uso de estos servicios, lo que desde su punto de vista constituye una muestra de "carencia de escrúpulos políticos". A partir de enero, el Gobierno contratará directamente a 10 profesionales para que presten los servicios --el 50 por ciento provienen de las asociaciones que los prestaban hasta ahora--.

La titular de Presidencia y Justicia ha manifestado que los servicios van a "permanecer abiertos", frente a lo que han venido denunciando PRC y PSOE, y además "se van a mantener con la máxima prestación de calidad y con un aumento en el número de plazas".

A su juicio, las denuncias que los partidos de la oposición vienen realizando en el último mes "no se corresponden con la realidad" y además son unas críticas "políticas" con "perjuicio a terceros", en concreto, a las víctimas de violencia de género que han podido pensar que a partir del 1 de enero "no iban a tener piso donde estar o profesionales que las atendiesen".

Díaz ha detallado que el Ejecutivo regional lo que está haciendo es "adaptar los recursos y servicios a las necesidades de las mujeres, al contrario de lo que venía sucediendo", ya que el anterior Ejecutivo lo que estaba haciendo era "adaptar las necesidades de las víctimas a los recursos y a los intereses de las entidades que los gestionaban".

En este sentido, Díaz ha señalado que lo primero que se está haciendo es "despolitizar la gestión de los centros y servicios", ya que la política estaba "instaurada en éstos", ha denunciado.

Esta denuncia la ha ejemplificado con un documento, publicado en el BOC en junio de 2011, a través del que la Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar Social repartía dinero a la Asociación Consuelo Berges, CAVAS, Quemia y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl para la prestación de servicios a las víctimas de violencia de género alegando que eran "las únicas organizaciones" de estas características en la región, así como que cumplían los requisitos de experiencia y formación.

10 TRABAJADORES DIRECTOS

"Estas cuatro asociaciones han copado el sistema durante los últimos ocho años", ha indicado, unas entidades que tenían a 25 trabajadores contratados, mientras que ahora los profesionales, un total de 10, serán contratados directamente por el Ejecutivo regional eliminando así la "sectorización" que había en la selección de los prestadores del servicios, ha dicho la consejera.

Los trabajadores se reducen para "adecuar los recursos a la demanda", ya que ésta se ha reducido, de 2010 a 2011, un 42,42 por ciento en los centros de emergencia y un 61,54 por ciento en la casa de acogida, ha detallado Díaz.

Los datos son "llamativos", según Díaz, ya que de las 2.555 plazas --número que resulta de multiplicar 7 plazas al día por los 365 días del año-- de la casa de acogida solo se han ocupado 729, lo que supone un 28 por ciento de ocupación, lo que muestra, a su juicio, que muchos de los contratados por las asociaciones "no han hecho nada porque no había a quien atender".

Unos datos que se asemejan a los de los centros de emergencia, que disponen de 2.232 plazas --número resultante de multiplicar 6 plazas diarias por los días del año-- de las que solo se han ocupado 529, un 24 por ciento. Con estas cifras, Díaz ha señalado que "los servicios no están correctamente dimensionados a la demanda".

Por ello, el Gobierno quiere "adaptar los recursos a unos servicios más realistas", ha señalado Díaz, que ha añadido, que en la violencia de género "todo lo que se haga es poco", pero lo que se haga "hay que hacerlo lo mejor posible".

NUEVO SISTEMA

El nuevo sistema, en el que trabajarán 10 profesionales --plazas que el Gobierno sacará a concurso--, se basará en una "única identidad de gestión", se coordinará a "los profesionales y los recursos" para que haya una "mayor cohesión" de trabajo, realizará un "seguimiento continuado de las víctimas", así como "una evaluación de los recursos y las actuaciones".

Éste se dividirá en dos áreas: la de asistencia integral y la de acogimiento. La primera se prestará en el Centro de Información y Atención Integral, que centrará en el maltrato --cuatro trabajadores-- y al abuso, agresión y acoso sexual --tres empleados--.

El área de acogimiento contará con los dos centros de emergencia --con dos trabajadores-- y el centro de acogida --un trabajador--, que había hasta el momento, y dos pisos tutelados, en los que prestarán servicios empleados del resto de recursos.