En ella pide que el Ayuntamiento exija explicaciones a la Delegación del Gobierno por las sanciones tramitadas
SANTANDER, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ganemos Santander Sí Se Puede llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento una moción exigiendo la derogación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', y pidiendo que se reclamen explicaciones a la Delegación del Gobierno en Cantabria por el "alto número" de sanciones tramitadas.
La formación municipal ha indicado en un comunicado que, entre el 1 de julio de 2015 y el 28 de enero de 2016, la Delegación del Gobierno abrió 3.320 expedientes sancionadores, lo que equivale a "551 multas por cada 100.00 habitantes", una cifra que duplica las interpuestas en Castilla y León (213).
"Nos llama poderosamente la atención que sea nuestra Comunidad Autónoma la que tenga el dudoso honor de encabezar esa lista, y con una diferencia de 338 sanciones más que la que ostenta el segundo puesto. ¿Los cántabros infringen más la Ley Mordaza o es que aquí se está sancionado con más virulencia que en otras partes del Estado?", se pregunta el portavoz de Ganemos, Antonio Mantecón.
Para el edil santanderino, "es inexplicable que una Delegación de Gobierno que presume de los bajos índices de criminalidad de este territorio, por otro lado, de luz verde a esa cantidad de sanciones".
"Quizás el problema es que las coordenadas que marcan los límites de lo que es y no es delito para este delegado de gobierno y su partido político, impulsor de dicha ley, sean diferentes a las del común de los mortales", ha afirmado en un comunicado en el que ha informado de la iniciativa que su partido llevará al Pleno.
En la moción, Ganemos denuncia que el Gobierno español "ha hecho caso omiso de las observaciones y denuncias de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
"Naciones Unidas ha exhortado al ejecutivo español a derogar la Ley de Seguridad Ciudadana argumentado que amenaza con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos y que los derechos de manifestarse pacíficamente y expresar colectivamente una opinión son fundamentales para la existencia de una sociedad libre y democrática", ha señalado.
Mantecón ha enfatizado que para él y sus compañeros de partido es "una auténtica vergüenza que la OSCE, el organismo oficial europeo que vigila las libertades de los países que desean corroborar su calidad democrática, tenga que pedir al gobierno de nuestro país que se garantice el pleno respeto a la libertad de reunión pacífica de acuerdo con compromisos de dicho organismo, y otras normas internacionales de derechos humanos".
A su juicio, "estar incluidos en la lista negra de los países sin libertad y el único en el mundo que no admite inspecciones, solo refleja la actitud antidemocrática un gobierno más preocupado en controlar la voz crítica de la ciudadanía que de solucionar la corrupción endémica que lo corroe y que ha llenado de indignación a los españoles".
Mediante la iniciativa presentada en el Ayuntamiento, Ganemos ha apuntado que buscará "el consenso de todos los grupos" para instar a la Delegación del Gobierno a que proceda de forma inmediata a "ofrecer a la ciudadanía las explicaciones pertinentes" acerca de los motivos que acrediten esos datos, ya que "no lo han hecho en los medios de comunicación".
De la misma forma, en la iniciativa solicitan al Gobierno del Estado la derogación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, así como de la última Reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Dentro de las propuestas de la moción, que se debatirá el día 31 de este mes en el pleno de Santander, también se insta a todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados a firmar un pacto de estado para la defensa de las libertades y los derechos civiles.
"Es imprescindible que se solicite una amnistía social para las personas sancionadas por defender sus derechos, y así lo plantearemos en el pleno. No son delincuentes, más bien son otros que todos conocemos. Y opinar y luchar por recuperar nuestros derechos, no es delito", ha concluido Mantecón.
