Cermi aboga por "desterrar" las normas discriminatorias y pasar la Administración "por el tamiz de la inclusión"

EUROPA PRESS

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, ha abogado este martes por "desterrar todo tipo de normas y prácticas que sean discriminatorias con las personas con discapacidad" y "pasar a toda la Administración por el tamiz de la inclusión".

De este modo, ha apostado por un "nuevo 'deal' o contrato" entre las Administraciones Públicas y las personas con discapacidad para cambiar sus relaciones, que "históricamente, sin temor de molestar, han sido problemáticas, conflictivas y, en todo caso, no pacíficas", tal y como ha indicado durante su intervención esta tarde en el encuentro 'La reforma administrativa. Balance y nuevos retos: diversidad, responsabilidad social y discapacidad en la función pública', que se celebra esta semana en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

Así, ha defendido la implantación "cláusulas sociales" para "productos y servicios públicos a favor del "trabajo digno" de los discapacitados porque "es neutro económicamente". En este aspecto, a su juicio, "hay una enorme tarea por delante" y ha destacado que "qué más podemos hacer si la Administración adquiere lo justo y eficaz" si al mismo tiempo fomenta "el empleo público y la accesibilidad" de las personas con discapacidad.

Sobre la inclusión de este colectivo en la Administración Pública habló en este mismo encuentro este lunes el secretario de Estado de Administraciones Pública, Juan Antonio Beteta, que aseguró que el Gobierno "está plenamente comprometido" en su "inclusión social" y que la política del Ejecutivo en este ámbito "va dando resultados".

De este modo, Beteta concretó que entre 2012 y 203 las personas con discapacidad ocuparon "un 56,8% de todas las plazas reservadas" en todas las Administraciones y que un 16% fueron para personas con discapacidad intelectual, por lo que la inclusión de las personas discapacitadas en la función pública "es una de las cuestiones en las que estamos avanzando".

Por su parte, Cayo ha defendido este martes que este nuevo contrato "tiene que partir del marco de los Derechos Humanos" porque "las personas con discapacidad no somos personas que tengamos distintos derechos, tiene que pasar por la representación propia".

Además, ha apuntado que "las familias confiamos en que con el activismo, con la implicación del resto de actores sociales, también los públicos, consigamos una hibridación entre las personas con discapacidad y la función pública". "Espero que sea un escenario que se cambie y sea amistoso en el futuro", porque, según ha reconocido, la Administración y las personas con discapacidad "se han excluido mutuamente durante años".

Asimismo, ha apuntado que es necesario "abordar la presencia de personas con discapacidad en la función pública porque no ha sido muy elaborada doctrinalmente y que merece una investigación más profunda y mucho más amplia".

Y preguntado por las relaciones del Cermi con los distintos partidos políticos, ha apuntado que "la mayoría de las políticas se parecen" con independencia del partido que gobierne. "Hemos ganado puestos en la agenda política, estamos más constantemente presentes, pero todavía lejos de posiciones de liderazgo. Es costoso, no dejamos de ser una minoría", ha explicado.

"LA ADMINISTRACIÓN PARTICIPA DEL IMAGINARIO DE LA SOCIEDAD"

No obstante, Cayo ha aclarado que esta situación de las relaciones de la Administración con el colectivo de discapacitados "no deriva de que las Administraciones quieran maltratar" a este colectivo, sino que se debe a que "la Administración no deja de participar en las visiones y el imaginario de la sociedad", que ha tenido una posición de "desconsideración" hacia los discapacitados.

Asimismo, ha comentado que "estamos obligados a prestar los apoyos que las personas con discapacidad necesitan para garantizar una posición de salida con igualdad de oportunidades". "Este contrato social ha de proyectarse normativa y jurídicamente. Hoy se están aprobando en el Congreso dos leyes fundamentales de la Administración y salvo que hoy se apruebe algún tipo de enmiendas, no dice nada de discapacidad, no dice nada de accesibilidad", ha criticado.

En este sentido, ha comentado que estas leyes "parten con un cierto déficit importante", pero espera que "se pueda corregir" en el Senado, al tiempo que ha comentado que "no sé si el próximo Gobierno las va a derogar".

También ha criticado que las personas con discapacidad "no son los protagonistas de sus relaciones con la Administraciones, sino que viene representado por un tutor, sus progenitores o su familia". "Eso no es propio de la estructura administrativa, sino del Derecho Civil y esto está cuestión por los Derechos Humanos", ha denunciado

Además, ha remarcado que hay "escuelas especiales para niños y niñas con discapacidad" mientras que "no las hay por su color de piel o etnia y esto es una aberración". "¿Por qué tiene que haber escuelas para niños con trastorno del espectro autista? Ese es un aspecto que vivimos como problemáticos y que está aceptado", ha explicado, por lo que ha reivindicado "una única escuela sin elementos diferenciadores basados en el funcionamiento de las personas".