SANTANDER, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
Delegados y trabajadores afiliados al sindicato Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) han exigido este martes en una concentración de protesta ante la sede del Gobierno de Cantabria "una respuesta rotunda y contundente" contra los formatos de juego ilegal que "están poniendo en riesgo" la labor social y el empleo de más de 20.000 vendedores de la ONCE en toda España, 200 de ellos de Cantabria.
Según ha precisado el responsable regional de UTO-UGT en Cantabria, Manuel Tejería, se han "visto obligados" a salir a la calle y a protestar por lo que ha sido hasta ahora una actuación "escasa y muy tibia" de las administraciones públicas contra las formas de juego ilegal que ponen en peligro a las que sí lo son, en especial a la ONCE, "que no deja de ser el mayor motor del empleo para personas con discapacidad en este país", ha subrayado.
Tejería ha agregado que UTO-UGT, sindicato mayoritario en la ONCE con cerca del 90% de su representatividad, "no puede tolerar" que la Administración "no haga cumplir" las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y concretamente contra la OID, "que sigue campando a sus anchas, vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día".
"Se trata, ni más ni menos, de hacer cumplir la Ley de Regulación del Juego de 2011 y no sólo a los que actuamos dentro de la más absoluta legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino sobre todo hacerla cumplir a aquellos que sistemáticamente la transgreden", ha subrayado el responsable regional de UTO-UGT.
En este sentido, el sindicalista ha recordado que en Cantabria había a finales de 2014 dos asociaciones de venta de juego ilegal en las calles que "utilizaban para ello a 77 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en más de 1.800.000 euros".
Al igual que en Cantabria, UTO-UGT ha convocado este martes concentraciones de protesta en las principales capitales de provincia españolas en una campaña nacional, 'El juego ilegal no es un juego', que según matizó Tejería, "continuará hasta cuando sea necesario y hasta que la Administración actúe como corresponde contra estos formatos de juego manifiestamente ilegales".
