SANTANDER, 24 (EUROPA PRESS)
Un total de 38 entidades ambientalistas nacionales y de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, han suscrito una declaración en la que solicitan a las administraciones la adopción de una moratoria de explotaciones a cielo abierto en el ámbito de la Cordillera Cantábrica y un compromiso de desarrollo sostenible alternativo para las comarcas que soportan este tipo de explotaciones.
Las organizaciones Filón Verde y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica han promovido esta declaración conjunta, en la que se exige una moratoria de explotaciones mineras a cielo abierto, desde las sierras orientales de Galicia a la Montaña Burgalesa, "unas explotaciones que están destruyendo buena parte de nuestro patrimonio natural más valioso", según dichos colectivos.
El documento -que se dirige a las administraciones autonómicas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, al Gobierno central y a la Comisión Europea- denuncia el "irreparable daño" que este tipo de explotaciones causa no sólo en el paisaje y los valores naturales de la Cordillera, sino también su repercusión a escala local y global sobre la contaminación atmosférica, los recursos hídricos, el calentamiento del clima y, en definitiva, sobre la salud humana. Señala al respecto que la explotación y consumo de combustibles fósiles, como el carbón, "es una de las causas identificadas que contribuyen a la aceleración del proceso de cambio climático".
Sin embargo el documento no sólo alude a las minas a cielo abierto de carbón -sobre las que se señala su especial efecto en Laciana y El Bierzo (León), el Suroccidente de Asturias y la Montaña de Palencia-, sino que también se refiere a las explotaciones de pizarra de La Cabrera y O Courel, y a las canteras y graveras, "por citar los ejemplos más destacados".
Los grupos conservacionistas apuestan en su declaración por modelos de desarrollo alternativo para esas comarcas, basados en proyectos sostenibles y respetuosos que afiancen escenarios socioeconómicos de futuro, no ligados al aprovechamiento "desmedido" de estos recursos, norenovables, "que además supone una alteración irreparable de los valores naturales", indican.
Por último, en el documento se llama la atención sobre la situación de "ilegalidad" en que se encuentran muchas de estas explotaciones y se exige igualmente de las administraciones que investiguen el destino "real" del montante de las subvenciones que muchas de estas industrias han recibido.