La Audiencia Provincial no cree que los indicios aportados por la acusación tengan "fuerza suficiente" para demostrar que era falso
SANTANDER, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial ha absuelto a los cuatro imputados por presentar un supuesto escrito falso para justificar un despido a un peón de una constructora porque, a su juicio, los indicios aportados por la acusación para demostrarlo no tienen "fuerza suficiente".
Entre los indicios usados por la acusación durante el juicio, celebrado el pasado 6 de febrero, para demostrar que el escrito en el que supuestamente se comunicaba el despido al trabajador era falso y que había sido redactado en fecha posterior a la que del despido (29 de enero) para justificarlo ante el Juzgado de lo Social, se argumentaba que se hizo según un modelo basado en el Convenio Colectivo del Sector de la Construcción que no fue publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) hasta el 31 de enero, dos días después.
El despedido, JJ.C.I., aseguró que no recordaba que el representante de la empresa, F.G.L, principal imputado, le intentase entregar ninguna carta para comunicarle su despido y afirmó que se enteró de la noticia a través del aparejador de la obra al volver de una baja laboral.
Por su parte, los demandados mantenían que, al negarse el peón a firmar la notificación del despido de la empresa, lo firmaron como testigos el aparejador, JL.M.R, y el encargado de obra, JM.G.G., algo que dijeron era habitual, una versión que la Sala considera probada.
Al igual que el representante de la empresa, F.G.L., también fueron acusados los dos testigos, JM.G.G. y JL.M.R., junto también con el gerente de la asesoría que redactó el escrito, A.G.M.. A los cuatro se les imputaba un presunto delito de falsificación de documentos privados y a los dos testigos uno de falso testimonio, del que ahora han sido absueltos.
Sin embargo, en la sentencia, la Sala considera que, aunque los demandados no han justificado la forma en que tuvieron conocimiento del convenio antes de ser publicado, no se puede calificar de "imposible" y "ni siquiera como altamente improbable" que la asesoría que redactó el documento, dedicada profesionalmente a tratar asuntos laborales, contables o fiscales que puedan verse afectados por el contenido del mismo, tenga conocimiento del mismo antes de su publicación.
Se recuerda, además, que el convenio estaba aprobado desde el pasado 7 de diciembre de 2002, aunque no se publicase en el BOC hasta el 31 de enero de 2003 con lo que, a juicio de la Sala, no se puede otorgar "plena credibilidad a la posición sostenida por la parte acusadora".
La sentencia rechaza la petición del fiscal, que consideraba estos hechos constitutivos de un delito de estafa procesal en relación con un delito de falsedad documental e imputaba a los cuatro acusados. También aprecia un delito de falso testimonio que imputa a los firmantes del escrito.
Así, la petición de condena se elevaba a dos años de prisión y multa de 2.400 euros para el representante de la constructora y el empleado de la gestoría, y tres años de cárcel y multa de 3.900 euros para los dos testigos. Asimismo, les impone una indemnización conjunta al trabajador de 562 euros con el interés legal desde febrero de 2003.
Por su parte, la acusación particular pedía para todos los acusados tres años y seis meses de cárcel por estafa procesal y multa de 4.000 euros, y un año y tres meses de prisión y 2.250 euros de multa para los dos testigos. reclama igualmente 12.000 euros por daños morales más 562 actualizados con los intereses desde febrero de 2003.
