SANTANDER, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Cantabria aprobó en su reunión de ayer jueves el proyecto de ley de Derechos y Servicios Sociales, una norma que contempla 25 prestaciones en su cartera de servicios y que pretende "universalizar" estas prestaciones a toda la población, "abandonando la vieja idea de beneficencia" ligada a los servicios sociales para sustituirla por un "moderno reconocimiento de derechos sociales".
Esta norma, que se remitirá ahora al Parlamento de Cantabria, "representa el gran salto de la beneficencia al derecho", una idea en la que coincidieron tanto la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Charo Quintana, como la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, quienes presentaron hoy su espíritu y contenidos.
El proyecto de ley se acompaña de una memoria económica para la aplicación, que se desplegará paulatinamente, al igual que ocurrirá con la ley estatal de Dependencia. La normativa cántabra recoge las determinaciones de la ley nacional en ese campo, amplía algunas de las medidas y regula también prestaciones en otros ámbitos de actuación, entre otros, la atención a la infancia y la adolescencia.
Su vocación es "universalizar" las prestaciones sociales para que lleguen a todas las clases, incluidas las medias y acomodadas, y consolidarlas además como derechos subjetivos exigibles por los ciudadanos.
Pero además de suponer un "salto cualitativo" en las prestaciones sociales, representará una "espléndida oportunidad" para desarrollar políticas e inversiones que tendrán "importantes retornos económicos" y en el empleo para la región. Así, Gorostiaga aseguró que la aprobación de esta ley permitirá crear empleos, hacer aflorar empleo sumergido e incorporar a la Seguridad Social a personas que desempeñan funciones como cuidadores.
A modo de ejemplo, la vicepresidenta señaló que la creación de 100 plazas residenciales equivale a 50 nuevos empleos. La norma también supondrá más puestos de trabajo en la construcción, un sector en el que se generará empleo al menos durante "ocho o diez años" para la adecuación de centros y construcción de otros nuevos, así como en empresas proveedoras de las residencias y centros.
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