SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Las asociaciones que engloban a afectados por derribos en toda España han concedido el premio 'Justicia en el Urbanismo' al Senado, para reconocer el trabajo realizado por la Cámara Alta con la aprobación de dos modificaciones legislativas de gran importancia en este ámbito.
Se trata de los artículos 319.3 del Código Penal y 108.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa, cambiados hace dos años y que dan "mayor seguridad jurídica" a los ciudadanos, al hacer que familias "inocentes" no paguen la responsabilidad de actos "ilícitos" cometidos por las administraciones.
Por eso, estas agrupaciones de afectados por derribos --entre las que se incluye AMA, la Asociación de Maltratados por la Administración de Cantabria, y que están lideradas por CAJU, la Coordinadora de Asociaciones Projusticia en el Urbanismo-- van a realizar una acto de reconocimiento al Senado por su "sensibilidad con miles de familias", acto que tendrá lugar el 3 de mayo a las 13 horas en el Salón de los Pasos Perdidos.
El galardón se entregará al presidente de la Cámara Alta, Pío García Escudero, por el "gran trabajo" realizado por esta institución ante la "dura e injusta" situación en que se encuentran los afectados por problemas urbanísticos.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones, que aseguran representar a más de 100.000 afectados por la "injusticia" en el Urbanismo, valoran las citadas modificaciones legislativas, que han sido "oxígeno para muchos ciudadanos que estaban abandonados y desprotegidos por las instituciones".
El presidente de CAJU y también de AMA, Antonio Vilela, ha destacado la decisión acordada por el Senado, que ha supuesto "un alivio y soplo de aire fresco para miles de familias en España que vivían angustiadas al ver que podrían perder su hogar, adquirido legalmente de buena fe e inscrito en el Registro de la Propiedad, con todos los parabienes, sin garantía de una justa indemnización".
En este sentido, ha indicado que tras el "clamor" de los afectados, la Cámara Alta aceptó enmendar la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el Código Penal, creando nuevas disposiciones para "garantizar la justa indemnización si hay que tirar casas adquiridas por terceros de buena fe".
Vilela ha subrayado que lo conseguido con estas dos modificaciones es "muy importante" en el sentido de que, tanto para la justicia como para las demás instituciones, "estas familias han dejado de ser invisibles, de cristal".
De todas formas, el presidente del colectivo cántabro -que representa a cerca de 600 propietarios de viviendas sobre las que pesa sentencia de derribo en la región- ha indicado que hay que seguir trabajando, para "no dejar en la calle a las familias inocentes, y en las instituciones, o en sus faldas, a los culpables de esas situaciones".
"Es mucho el camino que nos queda para tener una legislación que proteja el patrimonio de los ciudadanos como en otros países de la Unión Europea", ha advertido Vilela.
