El PP pide a los portavoces del PSOE y PRC que expliquen si "minitieron" o también son "víctimas del engaño" SANTANDER, 9 May. (EUROPA PRESS) -
El diputado regional del Partido Popular Luis Carlos Albalá ha afirmado hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el concurso por el que se seleccionó a Alcalá 120 socio privado para el Ecoparque Besaya pone de manifiesto la "gran mentira" del Gobierno regional en este proceso, y en concreto del consejero de Economía y Hacienda, Angel Agudo, que "no ha dudado en engañar, ocultar y disfrazar la verdad", denunció.
Para Albalá, Agudo debería dimitir "ya" por estos hechos, sin esperar a que el presidente Miguel Ángel Revilla y la vicepresidenta, Dolores Gorostiaga, le "pidan explicaciones", y los portavoces parlamentarios del PSOE y PRC explicar si "mintieron" o fueron también "víctimas del engaño y la ocultación" del Ejecutivo.
El diputado del PP, que valoró en rueda de prensa la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC que se conoció ayer, recalcó que en sus distintas intervenciones en el Parlamento regional relacionadas con este asunto, el consejero y los portavoces socialista y regionalista han argumentando "hasta la saciedad" que "en ningún momento" hubo alegaciones ni recursos de "ninguna empresa" ni contra los pliegos de condiciones del concurso ni contra la adjudicación.
Sin embargo, tal como ahora se ha demostrado, en noviembre de 2006 la Constructora de Castrillón (Concasa) interpuso recurso contencioso porque se le desestimó uno previo de alzada al consejero por los pliegos de condiciones, que es el que ha dado origen a esta sentencia, y además existe otro, aún por fallar, presentado por Sadisa, la otra empresa que, junto con Alcalá 120, concurrió al concurso, señaló.
Albalá recordó que, tanto en la comparecencia de Agudo en comisión parlamentaria en septiembre de 2008, como en el Pleno del Parlamento celebrado un mes después, el PP puso "en entredicho" lo que consideraba "aspectos oscuros" del pliego de condiciones y expresó sus "dudas" sobre la adjducación, al considerar que existían "claras y no explicadas" vinculaciones familiares y empresariales entre los titulares de Alcalá 120 y uno de los miembros de la comisión asesora de la adjudicación, además de "otras relaciones entrecruzadas".
Además, posteriormente, y para aclarar todos los extremos "dudosos y oscuros" que a su juicio rodean la actividad de Ecoparque Besaya, hace unos días pidió la comparecencia de la gerente de dicha empresa, solicitud que fue rechazada por PSOE y PRC.
Sin embargo, añadió, la sentencia del TSJC "es clara" al respecto y, además de contra el Gobierno, la Sociedad Regional de Coordinación Financiera con las Empresas Públicas de Cantabria (CEP) y Alcalá 120, es sobre todo "una sentencia contra el señor Agudo" y "desmonta de la A a la Z" su política sobre las empresas públicas en general y sobre ésta en particular, poniendo de manifiesto que "ha mentido" para defender unas "tesis impresentables".
Así, subrayó que la sentencia no sólo critica de manera feroz" los pliegos de condiciones, sino que revoca la adjudicación por ser "contraria a derecho", anulando todos los contratos derivados de la misma. Tras señalar que "está fuera de toda duda que Agudo mintió", anunció que el PP va a exigir una "explicación convincente" al Gobierno y a los portavoces del PSOE y PRC, para que expliquen por qué "han negado" la existencia de estos dos recursos, si los conocían, o si también fueron "víctimas del engaño y la ocultación" por parte del Ejecutivo, en cuyo caso deberían a su juicio "repensar" su labor en el Parlamento.
"GANAR TIEMPO"
En cuanto a las posibilidades que se abren ahora tras la sentencia, Albalá señaló que la primera es que el Gobierno la recurra al Tribunal Supremo, lo que "está en su derecho" de hacer, aunque habría que considerar que su pretensión es "ganar tiempo" y que "termine la legislatura" para "luego ver qué pasa".
Concluyó que el PP sigue defendiendo la tesis que mantiene desde el principio y considera que la mejor vía para no paralizar esta actuación es "replantear" los contenidos del Ecoparque y volver a redactar los pliegos de condiciones para que estén dotados de "sentido común y seguridad jurídica", lo que sería la "vía más rápida" para "no bloquear" una inversión que es "importante".
Pero para ello, el Gobierno "tendría que aceptar la tesis" de la sentencia del TSJC y actuar "en defensa de los intereses de los ciudadanos de Cantabria", precisó.
