AMA pide a Diego una comisión de seguimiento de las viviendas afectadas por derribos y que se legalicen "todas"

Representantes de los afectados por sentencias de derribo en Cantabria se han reunido este jueves con el presidente regional, Ignacio Diego, a quien han traslado su deseo de que se cree una comisión de seguimiento similar a la que existe actualmente con las viviendas de Cerrias.

También le han instado a hacer todo lo que esté en su mano para que se regularicen "todas" las viviendas condenadas a demolición, según ha explicado Ciriaco García, presidente de AMA (la Asociación de Maltratados por la Administración, que engloba a estos afectados) al término del encuentro con el jefe del Ejecutivo.

En declaraciones a los periodistas, García ha indicado que quieren una comisión que, al igual que la de Cerrias, se reúna cada dos meses.

Igualmente, han pedido un "esfuerzo" al Gobierno para que, una vez que se ha decretado un indulto para la depuradora de Vuelta Ostrera (sobre la que pesa sentencia firme de derribo del Tribunal Supremo) se legalicen las viviendas afectadas por este problema en la región y se destine el dinero necesario para las demoliciones a otros ámbitos, como la sanidad o la educación.

Asimismo, los representantes de AMA, que este jueves han retomado las concentraciones frente a la sede del Ejecutivo, han pedido a esta Administración que les explique qué pasos se están dando para solucionar su problema, porque "no vemos ningún trabajo", como ha manifestado García.

Ante estas cuestiones, y según ha dicho, Diego les ha trasladado que la petición de regularizar todas las viviendas va a ser "muy complicada" porque "no se puede hacer borrón y cuenta nueva". Sobre la última cuestión, les ha indicado que se avanzando en la Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, donde también hay viviendas con sentencia de derribo.

A este respecto, y a través de un comunicado, Diego ha asegurado que el Gobierno está realizando "todo el esfuerzo posible" para reducir al máximo el número de demoliciones de viviendas, consciente del "grave problema económico, social y personal" que genera a cientos de ciudadanos cántabros.

Asimismo, ha destacado la firme voluntad de su Ejecutivo de liderar la resolución de este problema y ha recordado que la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo elaboró un calendario de demoliciones que fue rubricado en septiembre del pasado año por los seis municipios afectados por sentencias de derribo (Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera) y presentado a la jurisdicción contenciosa competente.