449 viviendas tendrán autorización provisional "este año"
SANTANDER, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno regional, Javier Fernández, ha asegurado este jueves que "en meses, el problema de los derribos en Cantabria estará prácticamente solucionado".
Lo ha dicho en una rueda de prensa en la que ha informado de la segunda fase del Plan de ejecución de sentencias de derribo, que afecta a un total de 835 viviendas, incluidas las 214 del Alto del Cuco (Piélagos) en las que no vive ninguna familia. De las 621 casas restantes, 449 van a tener autorización provisional "este año".
Y en las demás, las que se vean abocadas al derribo -"al menos" 386, a las que se sumarán aquellas en las que no prospere la autorización provisional- se hará una oferta a los afectados, también este mismo año o en el primer trimestre de 2015. Así, se les planteará sustituir su casa por una nueva, "vivienda por vivienda", y en el caso de que no acepten esta solución, podrán acudir a un arbitraje en el que un perito independiente indicará el valor de su piso.
De todas formas, el consejero ha recordado que los afectados pueden recurrir en cualquier momento a la justicia para solicitar una indemnización de su patrimonio que, de acuerdo con las sentencias ya dictadas, equivaldrá al valor de las escrituras actualizado al IPC. Por eso, ha opinado que en este último supuesto las familias "quedarían en una situación peor", ya que la alternativa que ofrece el gobierno es, a juicio de Fernández, "infinitamente mejor".
TODAS LAS FAMILIAS TIENEN UNA SOLUCIÓN
Acompañado por los alcaldes de Argoños, Juan José Barruetabeña, y Arnuero, José Manuel Igual --municipios en los que hay 255 y 144 viviendas con sentencia, es decir, casi 400, que suponen, junto con Piélagos, "el corazón" y "el grueso" del problema--, el consejero ha explicado que el Plan de ejecución está en su segunda fase, en la que "todas" las familias tienen una "solución concreta" y en fechas "específicas".
Tras recalcar que la primera medida del Ejecutivo pasa por "legalizar todo lo que se pueda legalizar" y demoler lo que no se pueda, se ha referido a las autorizaciones provisionales, figura que supone "un puente" hasta que las viviendas tengan licencias definitivas. Las autorizaciones las conceden los ayuntamientos pero las tiene que validar el órgano judicial que dictó la sentencia de derribo.
Según ha detallado el titular de Urbanismo, de momento se han concedido las autorizaciones a las 32 viviendas de Escalante, y este mes de julio se otorgarán a las de la urbanización Santa Marina, en San Vicente de la Barquera. Antes de agosto se iniciará el proceso para las 110 de Miengo, y el mismo seguirá con las casas de Piélagos que se pueden acoger a esta figura (63).
En este municipio ya se ha iniciado el procedimiento para 41 viviendas, las 20 de Entrelindes y las 21 de la urbanización L-05, mientras que en septiembre comenzará para las 22 de Cerrias. La concesión de las autorizaciones seguirá después del verano en Argoños, de modo que en diciembre "como muy tarde" tendrán las autorizaciones 244 de las 255 viviendas que pueden acogerse.
En consecuencia, se van a demoler 11 viviendas en este municipio, en el Camino del Portillo, las 144 de la Arena en Arnuero, 231 en Piélagos (214 del Alto del Cuco y 17 de Cerrias). A todas estas se sumarán las que los tribunales declaren que no pueden ser legalizadas con los nuevos planes generales de ordenación urbana (PGOU).
VIVIENDA POR VIVIENDA
Pero a los afectados a los que se tenga que demoler su casa se les ofrecerá una nueva, "vivienda por vivienda", de similares características y calidad, y a poder ser en el mismo municipio. Se trata de una solución que el consejero ha calificado de "justa", ya que "todas" las familias tendrán así "garantizada" una casa. De momento, hay 119 afectados en esta situación, los 102 propietarios de la Arena en Arnuero y los 17 de Cerrias de Piélagos.
No obstante, si alguna de las familias a las que se ofrece esta vivienda de sustitución no se les llega a entregar antes de que se derribe la suya por "cualquier" circunstancia, y en aras de evitar un "peregrinaje" de los afectados por los tribunales, la administración se someterá a un arbitraje para que un perito independiente fije el valor de la casa en ese momento.
Pese a todo lo anterior, los afectados que quieran obtener la correspondiente indemnización antes de la demolición de su vivienda y que, por tanto, no acepten ni la legalización ni la sustitución por otra similar ni el arbitraje, serán indemnizados conforme a lo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) en aplicación de la ley, y que consiste en el valor de adquisición del inmueble actualizado al IPC.
Con esto, Fernández ha señalado que "hoy todas las familias tienen una solución a su problema" a través de dos vías, la de la legalización o el acuerdo entre las partes, a través de cinco alternativas, desde la legalización hasta la reclamación de la indemnización ante la justicia, y de las que él se "quedaría" con las "tres primeras", es decir, la legalización, la sustitución o el arbitraje.
DOS DÉCADAS
El titular de Urbanismo ha reconocido que los afectados por derribos es un colectivo que tiene "todo el derecho del mundo" a manifestar su "queja" por una actuación de la administración cuya solución "se alarga casi dos décadas". Aún así, ha recalcado que se solventará dentro de unos "meses", con una "solución justa" a lo que era -ha dicho- una "justa reivindicación".
En este punto, ha comparado la "enorme diferencia" entre cómo estaba la situación al inicio de la legislatura y cómo está en la actualidad, momento en el que "ninguna familia que tenga sobre su cabeza la espada de Damocles verá demolida su vivienda", ya que antes de cualquier derribo serán indemnizados, ha asegurado.
Tras recordar que el Ejecutivo cuenta con un fondo de derribos dotado con medio millón de euros, que se podría incrementar si fuese necesario, Fernández ha dicho que no cree que no se produzca tal extremo, pues espera que "ninguna" de las familias afectadas pidan la indemnización patrimonial antes del derribo.
AYUDA A LOS AYUNTAMIENTOS
En este punto, y a preguntas de los periodistas, ha señalado que la misma corresponderá a la administración -gobierno o ayuntamientos- que los jueces declaren culpable. Y en el caso del Ejecutivo, ha asegurado que no solo que "asumirá su responsabilidad", sino que tiene la "voluntad inequívoca" de ayudar a los consistorios en la resolución del problema.
Por su parte, el alcalde de Arnuero ha destacado que en el caso de la urbanización de la Arena, en la última legislatura se han dado "más pasos" y "más avances" que "en los últimos 15 años", con la aprobación del PGOU, que estaba "enquistado" y al que se ha dado luz verde "en un tiempo record".
Además, el Pleno del Ayuntamiento ha dado luz verde a la aprobación inicial del Plan Parcial para dar una solución a los vecinos de esta urbanización, a los que se ofrecerá otra casa en el mismo municipio. El Consistorio se encarga, según ha explicado Igual, de facilitar el suelo y, también, de la demolición de las viviendas sentenciadas, mientras que el Gobierno se ocupará de construir las nuevas.
Después, las dos administraciones "saldarán cuentas" en base a un convenio que determinará cómo se reparten las responsabilidades. El alcalde cree que la solución ofertada está "bastante trabajada" y es "la menos lesiva" para las "víctimas inocentes" de este problema.
Y en el caso de Argoños, ya se ha explicado a los vecinos de las 11 viviendas del Camino del Portillo que el PGOU contempla una zona en la que se construirán otras nuevas para ellos. Para el alcalde es "de sentido común" la solución ofertada, y ha agradecido también el "apoyo total" del consejero, que se comprometió, ha dicho, a "no dejarnos tirados".
