El Parlamento insta al Gobierno a promover modificaciones normativas para garantizar indemnizaciones antes de la demolición
SANTANDER, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la ley que permitirá aumentar la seguridad jurídica en la región y resolver, en los casos que sea legalmente posible, la situación de las urbanizaciones y viviendas con sentencia firme de derribo.
La iniciativa ha salido adelante con el apoyo unánime de los tres grupos parlamentarios (PP, PRC y PSOE), aunque sus posturas no son del todo coincidentes y se han cruzado reproches.
Socialistas y regionalistas creen que es una solución "inteligente y justa", que permitirá avanzar "de manera decisiva" en la solución, y auguran "grandes resultados". El PP, en cambio, lamenta que es una Ley "vacía", que no garantiza las indemnizaciones, "renuncia a dar cobertura directa" a la solución y la "difiere" a modificaciones puntuales del planeamiento que generarán "más inseguridad jurídica".
Esta Ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo, presentada por las tres fuerzas con representación en la Cámara, supone introducir modificaciones en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y la Ley del Suelo para permitir el cambio de clasificación de algunos suelos y favorecer una mayor seguridad jurídica en el futuro.
Una vez entre en vigor, --el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)--, los ayuntamientos tendrán un plazo de diez meses para promover las modificaciones puntuales de planeamiento que conduzcan a la reclasificación de los suelos en aquellos casos que sea posible.
Junto a la Ley, el Pleno, al que han asistido un buen número de afectados, también ha aprobado una segunda iniciativa con la cual los grupos parlamentarios instan al Gobierno regional a promover los cambios legislativos necesarios para asegurar que, en aquellos casos en los que no sea posible legalizar las viviendas, los propietarios puedan cobrar indemnizaciones antes de la demolición.
BASADA EN EL INTERÉS GENERAL
El portavoz socialista, Francisco Fernández Mañanes, ha destacado que la Ley aprobada es una solución "inteligente y justa", "sin hurtar ni un ápice de autonomía" a los ayuntamientos, a los que corresponde ahora "explorar" las posibilidades que les abre. "El tiempo y los jueces dirán si el camino elegido es el correcto", ha señalado el diputado, que augura "grandes resultados".
Ahora bien, para que "nadie se equivoque" ha dejado claro que no es una ley "de punto final" y ha recalcado que responde al "interés general", no sólo a la solución de "un caso concreto". También ha abundado en esta idea el regionalista Rafael de la Sierra, quien ha resaltado que la Ley se funda en razones de interés general y de defensa del interés público, aunque esté "urgida" por casos personales.
De la Sierra entiende que es una decisión "polémica" y da por hecho que va a ser "atacada duramente", como ya ha ocurrido desde la asociación ecologista ARCA, a la que recuerda que "hay más derechos en juego" y hay una diferencia entre que "desaparezca lo ilegal o la ilegalidad".
Aunque defiende el derecho a la ejecución de sentencia y a la "crítica", rechaza el "juicio de intenciones" sobre la razón y el objetivo de la Ley. Así, ha subrayado la "decencia política" de la iniciativa y ha rechazado que no respete la legalidad urbanística. Al contrario, ha incidido en que la voluntad es "acabar con el desmadre", legalizando sólo lo que se ajuste a la ley y respete el paisaje.
"MEJOR QUE NADA"
La iniciativa también ha cosechado algunas críticas desde las filas del PP que, de hecho, ha apoyado su aprobación porque es "mejor que nada" y por "cerrar filas" en torno a los afectados, que "necesitan algo y lo necesitan ahora".
La diputada María José Sáenz de Buruaga ha deseado que la Ley sea "el primer paso en la buena dirección para avanzar en las muchas deudas" con los afectados, pero ha lamentado la "vaciedad" del texto en lo que respecta a garantizar la seguridad jurídica en el futuro y las indemnizaciones. "Lo peor de esta Ley es lo que no tiene", ha señalado la secretaria general del PP.
Sáenz de Buruaga ha acusado al Gobierno de "malgastar oportunidades, dilapidar tiempo y generar falsas expectativas", y de "parapetarse" detrás de los grupos parlamentarios en lugar de presentar él un proyecto de ley, "tal vez para eludir en el futuro posibles responsabilidades", dada la complejidad de la materia.
También le ha reprochado por diferir la solución a modificaciones de planeamiento que se convertirán en "pasto de contenciosos, generando más inseguridad", y por dar diez meses de plazo para ello, concediendo así un "periodo de gracia" al Gobierno hasta después de las próximas elecciones.
Frente a ello, De la Sierra ha tranquilizado al PP porque, según dice, tras las elecciones seguirán los mismos en el Gobierno, y ha recalcado que en la Ley "no era posible llegar más allá". A su juicio, no vale un texto "generoso" que luego "sea ilegal", ni tampoco uno que se quede "corto y no sirva para nada".
Mientras tanto, Fernández Mañanes ha negado que se creen "falsas expectativas" y ha lamentado que "a veces" haya quienes actúan "únicamente preocupados por esconder sus responsabilidades y no por el interés general".
LA LEY Y LAS INDEMNIZACIONES
Con la aprobación de esta Ley, se pretende facilitar la adecuación de la clasificación de algunos suelos cuya situación jurídica requiere una aclaración. Y es que, según se recuerda en el texto, cuando se aprobó el POL quedaron excluidos aquellos suelos que por entonces estaban clasificados como urbanos o urbanizables con Plan Parcial aprobado definitivamente.
Lo que ocurre, es que los tribunales han anulado algunos de esos planes y, con ello, los suelos afectados han quedado en una situación de inseguridad jurídica que el Parlamento cree necesario corregir.
Aunque esas situaciones podrían haberse abordado ya mediante la adecuación de los planes generales de ordenación urbana al POL, lo cierto es que no se han cumplido los plazos y, por ello, ahora se prevé una nueva fórmula para agilizar adaptaciones puntuales en estos casos en los que la situación requiere una pronta solución.
Al mismo tiempo, la Ley intenta corregir la "inseguridad" que se plantea al interpretar la normativa sobre protección del paisaje recogida en la Ley del Suelo, ya que algunas construcciones que en su día podían suponer un impacto paisajístico importante, en la actualidad "no son ya disonantes" por la transformación sufrida en su entorno. En estos casos los ayuntamientos deberán impulsar también la correspondiente modificación del planeamiento.
De todas maneras, en los casos en los que ya haya sentencia, la decisión que adopten las administraciones al respecto no bastará por sí misma para mantener la edificación, cuestión que deberán dilucidar los tribunales.
Para los casos en los que no sea posible salvar las edificaciones, lo que pide el Parlamento es que se garantice que se puedan cobrar las indemnizaciones antes de la demolición de las viviendas. No obstante, este compromiso no se recoge en la propia Ley, sino que deberá ser el Gobierno regional el que concrete la propuesta.
Lo que ha aprobado la Cámara es una proposición no de ley que insta al Ejecutivo a impulsar antes de que acabe el año las modificaciones normativas que sean necesarias para asegurar esas indemnizaciones antes del derribo y también para reforzar la seguridad jurídica en las operaciones de compra-venta de inmuebles.
Para el PP, esta iniciativa es una "confesión" del "limitadísimo" alcance de la Ley y "obliga" a conformarse "con más compromisos políticos sin ninguna fuerza legal". En cambio, PSOE y PRC piden que no se desvíe la atención sobre el objetivo: buscar la solución más eficaz, que aún no se ha podido plasmar en la Ley.
