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Canales dice que con Mazón, el urbanismo de Cantabria "ha vuelto a la Prehistoria" y alaba la gestión que hizo Mediavilla
SANTANDER, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la asociación ecologista Arca, Gonzalo Canales, acusó hoy al Gobierno de Cantabria de "intentar legalizar como sea" las "ilegalidades urbanísticas", como en el caso de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
En una entrevista en Radio Nacional de España, recogida por Europa Press, Canales consideró que no hay "ningún plan" del Gobierno regional ante el problema de las sentencias de demolición "sino algo tremendamente descarado" como es "intentar legalizar como sea todas esas ilegalidades urbanísticas", denunció.
"Que desde la administración que tiene que defender el interés general se esté sólo a evitar la ejecución de las sentencias, que es algo primordial para el ordenamiento y el sistema democrático, es algo tremendamente negativo", opinó Canales.
En este sentido se preguntó para qué se hacen las leyes "si la gente ve que las sentencias no se cumplen y que todo se puede legalizar", por lo que calificó como "una barbaridad" que la administración "intente evitar" el cumplimento de los derribos. "Sabemos que a través del PORN de Santoña va a intentar legalizar todo lo que se pueda", pero, advirtió, "van a tener el PORN en los tribunales".
Sí se ha cumplido uno de los derribos, el de la urbanización de El Encinar, en la playa de La Arena, en Arnuero, que, en opinión de Canales, ha sido "demasiado interesado para ser aleccionador" porque las viviendas no estaban habitadas "y las ha tirado la misma empresa que las construyó porque le beneficiaba: así podía conseguir la indemnización", declaró.
No obstante, advirtió que Arca "seguirá ahí, los años que haga falta, para conseguir el derribo de todas las viviendas" y entonces sí será "aleccionadora" la medida.
En relación al hecho de que un millar de viviendas hayan sido declaradas ilegales por recursos de Arca, Canales confesó que los ecologistas no se sienten responsables de esa situación. De hecho, manifestó que les da "bastante pena" que los afectados les señalen "como un enemigo a batir" cuando "todas estas ilegalidades que dictaminan los tribunales las cometen los políticos, alcaldes y consejeros, y a ellos no se les señala".
"Nosotros no hacemos las leyes ni las sentencias; nos limitamos a intentar que la legalidad aflore por encima de todo, y que las ilegalidades que se cometen no destruyan el medio ambiente", subrayó.
URBANISMO, EN LA "PREHISTORIA"
Por otra parte, Canales denunció que el urbanismo en Cantabria ha dado "un salto para atrás" con el consejero José María Mazón, con el que "hemos vuelto a la Prehistoria". "Es bochornoso y lamentable lo que está haciendo este consejero, de ahí que le hallamos pedido su dimisión de forma reiterada", comentó, y contrapuso su actuación a la del anterior consejero de Urbanismo, Vicente Mediavilla, con quien, "por primera vez en muchos años" se dio "un paso extraordinario en ordenación del territorio".
El presidente de Arca explicó que el actual consejero de Presidencia demostró, cuando estaba al frente de Ordenación del Territorio, "sensibilidad y sobre todo, tener muy claro qué es el interés general y en función de ello legislar y actuar". Para Arca fue, dijo, "la única ocasión que nos ha parecido satisfactoria la actuación del Gobierno", porque el resto de Ejecutivos han sido "nefastos" en esta materia. "No hay más que ver cómo está la costa de Cantabria en algunas zonas y quiénes han sido los responsables", manifestó, y por ello insistió en que el balance urbanístico ha sido "muy negativo, salvo en la etapa de Mediavilla".
TEMOR, FINANCIACIÓN E INDEPENDENCIA
En otro orden, Canales señaló que a Arca, que ahora celebra su 25 aniversario, se le tiene en cuenta desde las instituciones y reconoció que las administraciones "temen en cierta manera" a la asociación por su "capacidad e independencia", especialmente por la segunda.
En este sentido, explicó que Arca se financia "únicamente por cuotas de socios", que son entre 600 y 800, y que pagan entre 40 y 85 euros. Al respecto, rechazó la "percepción" de que la asociación "pleitea contra todo", y precisó que al año entabla "dos o cuatro pleitos", pero como la justicia es "lenta", las consecuencias de éstos "van aflorando" con el tiempo.
Además, Canales rechazó que afecte a la independencia de Arca el hecho de que él sea hermano del director general de MARE, como demuestra que la asociación da "toda la caña posible" al "jefe" de su hermano, el consejero de Medio Ambiente, Francisco Martín, porque "la gestión del agua en Cantabria nos parece lamentable". Asimismo, vaticinó que su hermano y él se acabarán "viendo en los tribunales" a causa del vertedero de residuos industriales que promueve MARE y una empresa privada en Castañeda.
No obstante, Canales confesó que se ha planteado "personalmente" renunciar a su cargo, cuestión que se ha abordado en la asociación, pero, dado que se presenta al cargo "todos los años", consideró que los socios le "echarían" si "vieran la mínima connivencia entre lo que hace la Consejería y yo por causa de mi hermano".
(EUROPA PRESS CANTABRIA)
